Empleo revisará la denegación de la pensión a 1.500 afectados y cambiará la ley para evitar que la situación se repita en un futuro
Desde agosto a unas 1.500 personas les han denegado su acceso a la jubilación.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha acordado con los sindicatos modificar el criterio en relación con el acceso a la jubilación anticipada, por lo que aquellas personas que perdieron su trabajo antes del 1 de abril de 2013 sin formar parte de un despido colectivo y manteniendo convenios individuales con la Seguridad Social podrán acogerse a la jubilación anticipada con 61 años.
De no haber dado marcha atrás el Ejecutivo, hasta 35.000 trabajadores despedidos antes de abril de 2013 y que mantienen convenios especiales con la Seguridad Social no podrían haberse prejubilado con 61 años y hubieran tenido que hacerlo con 63, de acuerdo con la reforma de pensiones del Gobierno que entró en vigor en ese mes del año pasado. Según CC.OO., esa cantidad de afectados era mayor y hubiera alcanzado como mínimo las 50.000 personas.
Tras reunirse con los sindicatos, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha explicado que han consensuado un nuevo criterio interpretativo de la legislación de acceso a la jubilación anticipada que corrige a su vez el cambio de criterio que se había adoptado a principios de agosto, tal y como demandaban UGT y CC.OO.
Se le ha denegado la jubilación a unas 1.500 personas
Según Burgos, la Seguridad Social actuará de oficio y reconsiderará la posición de todas las personas a las que se les denegó o la pensión o una cuantía de la misma de acuerdo al antiguo criterio, unos 1.500 trabajadores.
La Seguridad Social se pondrá en contacto con los afectados en los próximos días para informales del cambio de criterio y del mantenimiento de su derecho a la jubilación anticipada en los términos que tenían previsto.
Se trata de respetar el principio de «confianza legítima», ha dicho Burgos, que ha lamentado las incertidumbres que se hubieran podido generar por un criterio interpretativo que ha resultado tener unos efectos que «no eran los que perseguía la legislación aprobada».
Por todo ello, Burgos ha afirmado que el «Ministerio está satisfecho con el resultado de la reunión y demuestra tener una gran capacidad de diálogo. Con ello se zanja cualquier tipo de polémica».
Los sindicatos, satisfechos, se mantendrán «vigilantes»
Por su parte, el secretario de Protección Social de CC.OO., Carlos Bravo, ha señalado que la decisión del Ejecutivo de revisar los criterios de acceso a la jubilación a los 61 años «era una clara lesión del derecho de los trabajadores a acceder a una pensión».
Del mismo modo, garantizó que «todas las personas que vieron denegada su pensión o reducida la cuantía de la misma, verán reconocido su acceso a una pensión a la que tienen derecho».
A su vez, la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, ha sostenido que su sindicato se mantendrá «vigilante» hasta confirmar que todas las personas «afectadas por la situación creada por el Gobierno» acceden a la pensión que les corresponde.
López ha argumentado que la interpretación de una instrucción administrativa «no puede derivar en una lesión de un derecho de tal importancia como es el de acceso a una pensión».
