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OPINIÓN: El Tribunal Constitucional es político y sin competencias sobre el fuero de Navarra

OPINIÓN: El Tribunal Constitucional es político y sin competencias sobre el fuero de Navarra

 

Las Constituciones más antiguas, contemplaron dos mecanismos de control de la Constitucionalidad de las Leyes, bien atribuyéndolo a órganos juridiccionales ordinarios, o algún órgano político.

Por los miembros que lo constituyen, es claramente un Tribunal político. Y surge la pregunta: ¿Los problemas políticos, son susceptibles de ser llevados a soluciones jurídicas, como en un proceso ordinario?

¿En qué fuente jurídica basa su criterio, el Tribunal Constitucional, puesto que actúa, ante una insuficiencia de la propia Constitución?

Los constitucionalistas norteamericanos llaman: “amending power”, poder de enmendar la Cosntitución, creando nuevos preceptos constitucionales. Y si es así…¿Cuál es la fuente de su poder y su legitimidad democrática? Se dice que conduce a politizar la justicia.

En los sistemas revolucionarios, la Asamblea Popular, es el órgano supremo de la justicia revolucionaria.

En los EE.UU. Ha surgido la alarma, ante lo que se ha llamado, el Gobierno de los Jueces, y presidentes tan notables como; Roosevelt, Nixon y Reagan, se enfrentaron al Constitucional.

En España, el conocido catedrático, García de Enterría, escribe, que los conflictos que habrá que resolver el Tribunal Constitucional, tendrán sustancia política. En el mismo sentido, el catedrático Oscar Alzaga, y el prestigioso jurista Sanchiz, señalan, que es un Tribunal Político.

Evidentemente que lo es, havida cuenta de las personas que lo componen: Cuatro por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno, y dos por el Consejo General, también politizado. Es difícil pensar, que no seguirán las directrices que les marquen los que los  nombraron, a quienes deben el puesto y unos salarios muy cuantiosos.

Con referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional, de 1988, el catedrático Alvaro D´Ors, dice lo siguiente:

“1. La sentencia del Tribunal Constitucional, de 26 de abril último, aunque no se refiera a Navarra, contiene todo el arsenal de argumentos que en su momento se pueden hacer valer contra Navarra, por la equiparación de ésta a las Comunidades Autónomas creadas al amparo de la Constitución.

2. Pero, esta sentencia no tiene carácter jurídico, sino, exclusivamente político, como se demuestra ya por su misma composición. Sus decisiones no son propiamente jurídicas, como son las del Tribunal Supremo, sino, políticas y por ello reforzadas por el poder ejecutivo.

3. La interpretación de las leyes, puede ser doctrinal, judicial o auténtica, dejando aparte lo puramente doctrinal, que es privada, la interpretación judicial, debe referirse siempre a la aplicación concreta de un precepto legal al caso litigoso, nunca a la ley en general, solo el mismo órgano que tiene poder legislativo, puede dar interpretaciones generales de la ley, pues, tal interpretación constituye en realidad, un acto legislativo de carácter complementario; ese es el sentido de la interpretación auténtica.

4. El Tribunal Constitucional, no puede dar una interpretación judicial, pues sus decisiones se refieren a una ley en general y no en su aplicación concreta, como podría hacer un órgano propiamente judicial, ni tampoco, puede dar una interpretación auténtica porque carece de poder legislativo.

5. Por lo tanto, una sentencia del Tribunal Constitucional, es propiamente una decisión puramente política, pues, no es ni judicial ni legislativa.

6. En consecuencia, cuanto puede deducirse de esa sentencia contra el derecho Foral de Navarra y su genuino carácter pre-constitucional, que la nueva Constitución, no podría derogar por no emanar el derecho Foral del mismo poder legislativo, no puede considerarse mas que, como un impedimento político contingente, contra la normal aplicación y desarrollo del derecho de Navarra.

Difícil para Navarra, influir en su nombramiento, nuestra pequeña población y la existencia de partidos nacionales, con presencia en Navarra, debilitan nuestra posición. Es muy posible, que algunos de los miembros del Tribunal Constitucional, tengan un conocimiento somero y sesgado, de la historia de Navarra, pues en las universidades, apenas se estudia el tema y el Derecho Foral. Además, aún suponiendo, que se tuvieran los conocimientos, la ideología que ha servido para nombrarlos, bien puede ser contraria a los regímenes forales.

Cuando se pactó la ley de 1841, no existía Tribunal Constitucional, y, en ningún artículo de dicha ley se contempla, que el Régimen Foral de Navarra, deba juzgarse.

El Tribunal Constitucional, una vez declarado por la Diputación el Contrafuero y cuya resolución es política, a través del pacto con el Estado, habría destruido el pacto de unión de Navarra con España, rota la unidad constitucional y también la unidad de España.

Y el Gobierno que hubiese sometido el Contrafuero al Tribunal Constitucional, habría cometido la felonía y tragedia histórica de separarnos y arrojarnos de España.

Francisco Javier Octavio de Toledo Eugui, abogado y notario, ex decano del colegio notarial de Navarra y Guipúzcoa

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