La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre qué tribunal es competente para instruir la causa respecto a los aforados que han sido ‘preimputados’
La magistrada ha dictó ayer viernes una providencia, en la que pone de manifiesto que ya se han practicado las diligencias necesarias relacionadas con los aforados señalados y ‘preimputados’ y por ello da traslado al fiscal para que, en el plazo de un solo día, se pronuncie sobre a qué tribunal corresponde la «competencia» de esta investigación. Dado que estos son parlamentarios autonómicos y nacionales.
Entre los aforados que han sido ‘preimputados’ en la causa figuran los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves –ahora diputado en el Congreso– y José Antonio Griñán –actual senador–, los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila –ahora parlamentarios autonómicos– y el también exconsejero José Antonio Viera –actual diputado en el Congreso–.
Los diputados o senadores mencionados están aforados ante el Tribunal Supremo y los parlamentarios andaluces lo están ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por ello la petición realizada por la juez para que el fiscal se pronuncie sobre el tribunal que debe seguir investigando a los aforados.
La providencia se conoce la misma semana en que la magistrada ha elevado a la Audiencia Provincial de Sevilla, cuatro meses después, los dos recursos de la Fiscalía Anticorrupción para que divida el caso en piezas separadas y envíe la que afecta a los aforados al Tribunal Supremo.
Uno de los recursos de la Fiscalía va dirigido contra un auto del pasado 29 de abril en el que la juez Alaya rechazó suspender las declaraciones de tres empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, así como de los exdirectores generales de Presupuestos de la Junta Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera, mientras que el segundo recurso combate un auto de 3 de abril.
La magistrada rechazó «por ahora» dividir la causa en piezas separadas, ya que entiende que «el riesgo de fallos contradictorios constituye más que una mera probabilidad» y «es un peligro obvio, serio e indiscutible que no debe correrse» y que podría derivar en «un auténtico caos procesal».
La juez, que no se pronunciaba expresamente sobre la petición de que se elevara al Supremo la parte que afectaba a los aforados, advertía del riesgo de que se produjera una «ruptura de la continencia de la causa», señalando que «el criterio de un solo proceso es el adecuado cuando los hechos presentan, como es el caso, una incuestionable relación entre sí y su enjuiciamiento por separado ante órganos diferentes pudiera dar lugar a sentencias contradictorias, con claro quebranto de la unidad que ha de prevalecer en la formación material de la cosa juzgada».
