Se basa en las declaraciones de 19 víctimas directas
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha propuesto procesar a once funcionarios, militares y policías marroquíes por delitos de genocidio en el Sáhara Occidental, entre 1975 y 1992, según el auto judicial hecho público.
El juez Pablo Ruz considera que «concurren indicios racionales de criminalidad contra» los procesados por actos como asesinatos, detenciones ilegales o torturas y propone que sean juzgados por esos crímenes.
Para adoptar esta decisión, el juez en su auto se basa en las declaraciones prestadas por 19 víctimas directas que permiten «corroborar la indiciaria veracidad» de los delitos denunciados, apoyadas en muchas ocasiones por «documentos de identidad de la época o fotografías de las lesiones sufridas como consecuencia de las torturas».
