La comisión parlamentaria de Desarrollo Económico ha aprobado hoy por unanimidad una moción por la que se emplaza al Gobierno de España a asignar a Navarra «no menos de ocho plazas» de examinador de autoescuela y a agilizar los trámites necesarios para desarrollar la próxima OPE «a la mayor brevedad posible».
La propuesta, que ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, ha sido firmada por Unión del Pueblo Navarro (UPN), Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE) e Izquierda-Ezkerra.
En ella, se insta al Gobierno central a «corregir la actual situación de agravio comparativo existente en relación al número de personas examinadoras de carnés de conducir, asignando a Navarra no menos de ocho plazas, de las que ya se han anunciado públicamente que se sacarán en una OPE abierta este próximo mes de diciembre».
En un segundo punto, el Parlamento de la Comunidad Foral de Navarra emplaza al Ejecutivo estatal a «agilizar todos los trámites necesarios para que dicha OPE se desarrolle a la mayor brevedad posible».
Entre tanto, se apuesta por asignar «la plantilla de personas examinadoras itinerantes y en comisión de servicio que sea necesaria para solucionar la actual situación, asegurando su presencia en Navarra de forma permanente hasta que sean sustituidas por las personas que ocupen las plazas resultantes de la OPE antes citada».
Según se recoge en la exposición de motivos, a día de hoy no existe una «perspectiva positiva para la solución del conflicto» que ha motivado una huelga estatal en el sector.
Además, estos paros han ocasionado «retrasos e incertidumbre» en las fechas en las que el alumnado puede hacer sus exámenes, lo que a su vez ha conllevado «una fuerte bajada de las matriculaciones en autoescuelas navarras y perjuicios a las personas ya matriculadas».
Por ello, los grupos firmantes denuncian que «se vienen produciendo despidos del personal administrativo y docente de las autoescuelas, dadas las enormes dificultades que acarrea la situación actual para la sostenibilidad de estas empresas».
Tal y como refleja la resolución, las consecuencias de la huelga están siendo «mucho más perniciosas» para Navarra que para otras comunidades, ya que «el deficiente número de personas en la plantilla de personas examinadoras» existentes en la Comunidad Foral, «con unos ratios que llegan a situarse en el 25% de los que tienen otras, provoca un agravamiento» de la situación.
