Vivienda en Pamplona, Autor intelectual: NAVARRA INFORMACIÓN
NAVARRA INFORMACIÓN
SEAG reclama que el futuro decreto de vivienda incorpore medidas de agilización de los desahucios y un verdadero plan estatal de vivienda social
La organización subraya que la protección de las personas vulnerables debe ser asumida por las administraciones públicas y no trasladarse indefinidamente a los pequeños propietarios
Ante la decisión del Gobierno de Sánchez de aplazar hasta después del verano la aprobación del real decreto-ley de medidas en materia de vivienda por falta de apoyos parlamentarios, Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) considera que este aplazamiento debería aprovecharse para “abrir una reflexión más amplia sobre las verdaderas necesidades del mercado de la vivienda y sobre la insuficiencia de las medidas planteadas hasta ahora”.
“Desde SEAG solicitamos que el aplazamiento del real decreto-ley sirva para construir un acuerdo más ambicioso y equilibrado. España necesita abandonar las medidas coyunturales y afrontar las causas estructurales del problema: la escasez de vivienda asequible, la insuficiencia del parque público, la lentitud de los servicios sociales y la demora de los procedimientos judiciales”, explica la entidad.
Por otro lado, SEAG asegura que proteger a las personas vulnerables exige una Administración más rápida y eficaz. Proteger a los propietarios exige seguridad jurídica y procedimientos que funcionen. Ambas garantías son necesarias para recuperar la confianza y aumentar la oferta de vivienda en alquiler.
La organización subraya que la grave dificultad de acceso a la vivienda no se resolverá únicamente mediante nuevas limitaciones a los contratos de arrendamiento o imponiendo prórrogas obligatorias a los propietarios. “España necesita una política pública de vivienda estable, una Administración social eficaz y unos procedimientos judiciales capaces de ofrecer una respuesta dentro de plazos razonables”, aseguran.
“Defendemos que la protección de las personas en situación de vulnerabilidad constituye una obligación esencial de los poderes públicos. Sin embargo, esa responsabilidad no puede ser trasladada de manera sistemática a los propietarios particulares, obligándoles a soportar durante meses o incluso años la privación de su inmueble, el impago de las rentas, los gastos de suministros, las cuotas de comunidad, los tributos y el deterioro de la vivienda”, inciden desde la organización.
En este sentido, desde SEAG hacen hincapié en que la solidaridad social debe financiarse con recursos públicos y distribuirse entre el conjunto de la sociedad. “No resulta justo ni eficaz convertir a un pequeño propietario, por el mero hecho de ser titular de una vivienda, en sustituto involuntario de los servicios sociales o de las administraciones competentes en materia de vivienda”, afirman.
Por ello, SEAG reclama que cualquier futura norma estatal en esta materia incorpore las siguientes medidas:
Agilización real de los procedimientos judiciales de desahucio y recuperación posesoria
Deben reforzarse los juzgados, simplificarse los trámites y establecerse mecanismos efectivos para que los procedimientos por falta de pago, expiración contractual, precario u ocupación sin título legítimo se resuelvan dentro de plazos razonables.
Una justicia que reconoce el derecho del propietario después de uno o dos años no ofrece una tutela judicial verdaderamente efectiva. La dilación procesal perjudica al propietario, incrementa la deuda, agrava el conflicto y reduce la disposición de los ciudadanos a ofrecer sus viviendas en alquiler.
Distinción rigurosa entre vulnerabilidad social y ocupación sin título
No toda situación de ocupación o impago implica automáticamente vulnerabilidad. Su reconocimiento debe basarse en datos objetivos, documentación suficiente y una evaluación individualizada efectuada por los servicios sociales.
Es necesario evitar que la simple alegación de vulnerabilidad provoque suspensiones automáticas o indefinidas. También debe distinguirse claramente entre el arrendatario que atraviesa una dificultad económica sobrevenida y actúa de buena fe, y quien ocupa una vivienda sin título, incumple deliberadamente sus obligaciones o utiliza fraudulentamente los mecanismos de protección.
Resoluciones rápidas de los servicios sociales
Los informes sobre vulnerabilidad deben emitirse dentro de plazos breves y legalmente exigibles. Cuando se reconozca una situación de vulnerabilidad, la Administración debe ofrecer de inmediato una alternativa habitacional o una ayuda económica suficiente.
La falta de medios, la demora o la inactividad administrativa no pueden justificar que el propietario particular quede privado indefinidamente de su vivienda y tenga que asumir personalmente el coste económico de una política social que corresponde a los poderes públicos.
Compensación completa y automática a los propietarios afectados
Cuando una resolución administrativa o judicial suspenda un lanzamiento por razones de vulnerabilidad, el propietario debe recibir una compensación pública desde el primer día de la suspensión.
Esa compensación debe comprender las rentas dejadas de percibir, los suministros asumidos, las cuotas comunitarias, los tributos, los desperfectos y los demás daños directamente derivados de la prolongación de la ocupación.
Plan estatal para crear un verdadero parque público de alquiler social
España necesita un plan estatal estable, dotado presupuestariamente y coordinado con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, destinado a incrementar de forma sustancial y permanente el parque de vivienda pública y social en alquiler.
Este plan debe prestar especial atención a: Jóvenes con dificultades para emanciparse. Personas mayores con pensiones o ingresos reducidos, personas con discapacidad o dependencia y familias que hayan sufrido una pérdida sobrevenida de ingresos.
La vivienda social debe ser promovida, financiada y gestionada principalmente por las administraciones públicas. No puede construirse una política social permanente mediante la ocupación forzosa o la indisponibilidad indefinida de viviendas privadas.
Mayor seguridad jurídica para recuperar viviendas destinadas al alquiler
La protección del inquilino y la defensa del derecho de propiedad no son objetivos incompatibles. Un mercado de alquiler equilibrado necesita contratos claros, ayudas públicas eficaces y procedimientos rápidos frente al incumplimiento.
La inseguridad jurídica provoca que muchos pequeños propietarios retiren sus viviendas del alquiler, las vendan, las mantengan vacías o recurran a fórmulas contractuales defensivas. El resultado es una reducción de la oferta y un mayor encarecimiento del acceso a la vivienda.
