Visualizar una historia clínica nunca es un favor
«¿Puedes mirarme si ya está el resultado?». «Comprueba si ha salido la analítica». «Mira a ver qué pone en el informe». Son peticiones que muchas profesionales sanitarias han recibido alguna vez de una pareja, un familiar o un amigo. Peticiones aparentemente inocentes a las que, en ocasiones, se ha respondido desde la confianza y con una única intención: ayudar.
Por eso debemos decirlo con absoluta claridad: ninguna relación familiar, sentimental o de amistad legitima por sí misma el acceso a una historia clínica. Tener técnicamente acceso al sistema no significa tener derecho a consultar sus datos.
Pero reconocerlo no debería impedirnos plantear otro debate: el de la proporcionalidad de las consecuencias. No todo acceso indebido responde a la misma realidad. No es lo mismo buscar deliberadamente información sanitaria para perjudicar, controlar o divulgar datos íntimos que consultar un resultado a petición de alguien cercano, sin difundirlo ni utilizarlo posteriormente contra esa persona. Ninguna de estas circunstancias convierte el acceso en legítimo, pero tampoco parece razonable ignorar sus diferencias.
La legislación protege especialmente los datos sanitarios y estos accesos pueden tener consecuencias muy graves: prisión, multas, indemnizaciones y largos periodos de inhabilitación. No pretendemos cuestionar decisiones judiciales, que responden a hechos y circunstancias concretas. Pero sí creemos legítimo preguntarnos si apartar durante años a una profesional de la asistencia está siempre suficientemente graduado atendiendo a la intención, la naturaleza y reiteración de los accesos, el uso posterior de la información y el daño causado. Defender la proporcionalidad no es defender la impunidad.
También debemos reconocer una realidad incómoda. Durante años se han normalizado conductas que nunca debieron normalizarse. La pandemia fue un ejemplo evidente: ¿cuántas profesionales recibieron peticiones de familiares o amigos para comprobar el resultado de una prueba? El contexto no convierte en correcto un acceso indebido, pero tampoco podemos actuar como si ese contexto nunca hubiera existido.
Porque las relaciones de confianza cambian. Una pareja puede dejar de serlo. Una amistad puede romperse. Una relación familiar puede deteriorarse. Y una actuación que hoy puede parecer un simple favor puede terminar siendo analizada años después en circunstancias completamente diferentes. El derecho de cualquier persona a denunciar un acceso ilegítimo a sus datos es incuestionable. También lo es el derecho de la profesional a que todas las circunstancias sean valoradas.
Por eso desde SATSE queremos lanzar un mensaje muy claro a todo nuestro colectivo: no accedáis por vuestra cuenta a la historia clínica de una pareja, un familiar, un amigo o un compañero, aunque os lo pidan. Ni para comprobar una analítica. Ni siquiera para confirmar el día de una consulta o de la realización de una prueba. Utilizad siempre los cauces establecidos. Y los servicios de salud deben asumir su responsabilidad preventiva. No basta con registrar los accesos para poder actuar después. Si las consecuencias pueden ser tan graves, la formación, la información y los mecanismos técnicos de prevención deben estar a la misma altura.
SATSE defenderá siempre la confidencialidad de los pacientes. Y defenderá también que, ante una infracción, la respuesta sea proporcionada a la gravedad real de los hechos. Porque ambas posiciones son compatibles.
Miren Ros. Delegada de SATSE
