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Los propietarios ya tardan 11 meses en recuperar una vivienda en España este 2026
El plazo puede superar incluso los dos años dependiendo de la complejidad del caso
El coste medio para un propietario es de 4.000 euros. En casos extremos, se alcanzan los 13.000 euros si no se dispone de servicios de mediación
El tiempo medio necesario para recuperar una vivienda tras un impago ya alcanza un periodo de 11 meses en España en 2026, según los datos registrados durante el primer cuatrimestre del año por Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG).
La compañía advierte de que, en los procedimientos más complejos, el plazo puede superar incluso los dos años entre el primer incumplimiento y la recuperación efectiva del inmueble. SEAG advierte que muchos propietarios ya han endurecido las condiciones de acceso al alquiler o retirado sus viviendas del mercado residencial.
La inseguridad jurídica se ha consolidado como una de las principales preocupaciones de los arrendadores. Según SEAG, más del 70% de los propietarios considera la morosidad y la dificultad para recuperar la vivienda como el principal riesgo asociado al alquiler. La incertidumbre sobre los plazos judiciales ha pasado a ser un factor tan relevante como la rentabilidad obtenida, especialmente entre los pequeños propietarios, que representan la inmensa mayoría del mercado de alquiler en España.
En este sentido, el coste medio para SEAG en la cobertura a un propietario alcanza los 4.000 euros, teniendo en cuenta el proceso judicial, el mantenimiento de la vivienda y la no obtención de la renta. Ese coste se registra cuando SEAG, durante el proceso de mediación, consigue pagos ocasiones del inquilino. En el caso de que un inquilino deje de pagar completamente la renta, la distribución de los costes para un propietario que no cuente con los servicios de una compañía como SEAG es la siguiente:
· Rentas impagadas (70-80% del total del coste): Constituyen el principal impacto económico para el propietario. Considerando la duración media de un procedimiento judicial y una renta mensual de referencia de unos 700 euros/mes, las pérdidas por impago pueden situarse entre 000 y 13.000 euros
· Daños en la vivienda (10-15%): Dependiendo del estado en el que se recupere el inmueble, los gastos de reparación y acondicionamiento pueden situarse entre 500 y 3.000 euros.
Entre enero y abril de 2026, SEAG llevó a cabo cerca de 31.000 estudios de solvencia, un 30% más que en el primer cuatrimestre de 2025. La tasa media de morosidad registrada fue de 2.663€. Por distribución geográfica, la provincia de Barcelona concentra el 25% de las garantías activas de SEAG, seguida de Madrid (19%), Valencia (11%), Alicante (5%).
Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reflejan la dimensión del problema. Durante 2025 se practicaron 25.540 lanzamientos en España, de los que 18.317, más del 71%, estuvieron relacionados con procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Cataluña fue la comunidad con mayor número de desahucios (6.814 en total, y 5.025 derivados de la LAU), seguida por Andalucía (3.782), la Comunidad Valenciana (2.992) y Madrid (2.267).
«Proteger a las familias vulnerables es imprescindible, pero esa responsabilidad no puede recaer únicamente sobre los propietarios», señala Daniela Salinas, directora del Departamento Jurídico de SEAG. «La suspensión de lanzamientos mientras se busca una alternativa habitacional puede prolongar durante meses la recuperación de una vivienda, generando una inseguridad jurídica que acaba reduciendo la oferta de alquiler».
«Desde un punto de vista jurídico, esta suspensión opera como una medida cautelar de carácter excepcional, condicionada a la acreditación de vulnerabilidad en sede judicial». «Sin embargo, la falta de plazos homogéneos y de recursos efectivos para el realojo introduce una dilación que desnaturaliza el carácter temporal de la medida y traslada la carga del sistema al arrendador», asegura la experta.
La consecuencia directa es una reducción de la oferta disponible. Mientras España necesita incorporar cientos de miles de viviendas al mercado para absorber la demanda existente, una parte de los propietarios mantiene inmuebles vacíos o busca alternativas al alquiler residencial tradicional. A esta situación se suma el endurecimiento de los filtros de acceso. Cuanto mayor es la dificultad para gestionar un impago, mayor es la exigencia de solvencia requerida por los propietarios.
