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La Ley de Vivienda perjudica al consumidor y demoniza a los profesionales inmobiliarios

NAVARRA INFORMACIÓN

FADEI denuncia que la Ley de Vivienda perjudica al consumidor y demoniza a los profesionales inmobiliarios, “nos consta que los legisladores querían un registro obligatorio de los agentes inmobiliarios, pero no ha llegado a plasmarse en la ley”.

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) celebró una jornada de análisis de la nueva Ley de Viviendanueva Ley de Vivienda que contó con ponentes de primera línea del sector económico, jurídico e inmobiliario y con una gran asistencia de profesionales del sector que han llenado el salón de actos del hotel NH de Málaga.

 

Montserrat Junyent, presidenta de FADEI, la patronal inmobiliaria, consideró que la nueva ley “nace en un contexto electoralista tras un largo letargo”. “De forma precipitada, las fuerzas políticas desbloquearon su trámite y, lejos de fomentar el incremento de viviendas en el mercado, apuestan por medidas que, en su aplicación, reducirán la oferta, como ya pasara antes en Catalunya”.

 

La experta lamentó que el texto aprobado no contenga un marco regulatorio para la profesión inmobiliaria. “Nos consta que una amplia mayoría de los grupos parlamentarios querían un registro obligatorio de los agentes inmobiliarios, pero desgraciadamente no ha llegado a plasmarse en la ley, una carencia que perjudicará al consumidor. Ahora, tras dejarnos indefensos y sin regulación, se está haciendo una demonización injusta de la profesión inmobiliaria”.

 

Carles Sala, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y director del Área Jurídica y portavoz de API Catalunya, también participó en la jornada e indicó que la “ley que contiene medidas que se aplicarán en tiempos diferentes y no cierra las incertidumbres de los precios en el mercado de alquiler”. Sala subrayó que “la técnica legislativa es confusa y deficiente, provoca un desequilibrio territorial en su aplicación de carácter ideológico, rompe la unidad de mercado y genera polarización e inseguridad jurídica en la duración de su vigencia”.

 

Por otra parte, el experto señaló que la ley provocará una disminución de la oferta de vivienda en alquiler, algo que ya ocurrió en Catalunya con la Ley de 2020, provocará una falta de inversión en adquisición o destino de vivienda para alquiler, salidas hacia otras soluciones arrendaticias como contratos de temporada y una disminución de la promoción de viviendas de alquiler, pasándose del buid to rent a build to sell.

 

Según el experto, el futuro de la ley pasa por tres diferentes escenarios: la presentación de recursos de inconstitucionalidad hasta el 25 de septiembre; la modificación de la Ley mediante proyecto de ley o proposición de ley; y la derogación de la Ley mediante Real decreto ley que debe convalidar el Congreso.

 

Por su parte, el economista y profesor Gonzalo Bernardos ofreció una conferencia en la que aseguró que la ley persigue “ganar votos” y acusó al Gobierno de “saber perfectamente lo negativo que es limitar el precio de los alquileres, pues hay antecedentes sobrados en otros territorios como para darse cuenta de que este tipo de políticas no funcionan”. “Ha fracasado en Catalunya y está fracasando en Estocolmo como ya lo hizo antes en Berlín, Nueva York o París”, indicó.

 

El economista quiso incidir en que la nueva ley llevará al mercado a una pérdida drástica de la oferta de alquiler: “Hay un claro déficit de vivienda de alquiler social mientras se presiona al propietario a limitar sus precios a costa de perder rentabilidad, pues el coste del mantenimiento de los inmuebles sigue siendo el mismo. Por tanto, el propietario tiene tres opciones: dejar la vivienda vacía, ponerla en alquiler de temporada o venderla. En cualquier caso, la oferta disponer para alquiler baja drásticamente, lo que empuja al alza el precio medio. Además, los jóvenes de hoy no tienen cultura del ahorro y priorizan vivir experiencias, por lo que aún les cuesta más dejar el mercado del alquiler y poder comprarse una vivienda”.

 

En la jornada inmobiliaria también estuvieron presentes Rocío Díaz Jiménez, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía; Miguel Ángel Gómez, vicepresidente de FADEI y presidente de AMADEI; Cayetano Rengel Pérez, presidente del COAPI de Málaga; y Miguel Ángel Montero, vocal de la Junta Directiva de FADEI y presidente de UNEXIA Andalucía.

 

Regular la profesión inmobiliaria para proteger al consumidor

 

En este sentido, desde FADEI se recuerda que los poderes públicos deben garantizar a los ciudadanos que la adquisición o alquiler de una vivienda se produzca en un contexto de seguridad jurídica adecuado y nunca por debajo de la que tienen en la compra o el uso de cualesquiera otros bienes.

 

La organización reclama que debiera garantizarse por ley que cualquier operador cuente con la necesaria formación, la tenencia de un seguro de responsabilidad civil y una garantía de caución, entre otros. “Un sector que busca su propia regulación es un sector que apuesta por mejorar la calidad de los servicios que presta, elevar el nivel formativo de las empresas y ofrecer una seguridad que garantice las entregas de dinero de terceros y que cubra cualquier error que pueda producirse en el contexto de cualquier operación inmobiliaria”, subrayan desde FADEI.

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