La parlamentaria de Bildu en el atril, en frente bancada de NA+
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PSN, Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E instan al Gobierno de Navarra a aplicar la LOMLOE o Ley Celáa contra los colegios de Miravalles-Redín, de niños y niñas
El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos de PSN, Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E y el voto en contra de Navarra Suma, una resolución por la que «apelan al cumplimiento de la legalidad vigente en los centros que segregan por sexo en Navarra y a la responsabilidad que tienen los propios centros y el Gobierno de Navarra en esta tarea”.
La resolución emplaza al Departamento de Educación a “finalizar el procedimiento administrativo en relación con el incumplimiento de la normativa a la mayor brevedad, adoptando las medidas necesarias para garantizar la coeducación o, en su caso, la pérdida de financiación pública en este mismo curso, teniendo en cuenta que estos conciertos en ningún caso pueden ser prorrogados con base en la Ley Foral 17/2012, que solamente permite esta posibilidad en las etapas obligatorias”.
Estos partidos reiteran que «el modelo educativo basado en la segregación por razón de sexo es excluyente y contrario a la coeducación, manifestando su compromiso con impulsar valores y modelos de relación basados en la igualdad”.
Asimismo, se exhorta al Gobierno de Navarra a que, “en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), no concierte enseñanzas no obligatorias con los centros que segregan al alumnado por razón de sexo en aulas diferenciadas”.
Por último, se insta al Gobierno de Navarra a “acatar y cumplir, en sus ámbitos de aplicación, lo establecido en la LOMLOE y, en particular, en la Ley Foral 17/2012 que regula la financiación pública de los centros de iniciativa social, en lo que atañe al desarrollo de los principios fundamentales de la educación mixta y coeducativa establecidos en las mismas, que implican la no concertación de enseñanzas con centros privados que incumplan con estos principios”.
Estos dos últimos epígrafes han sido agregados a partir de una enmienda de adición presentada por Izquierda-Ezkerra y aceptada por EH Bildu, titular de la iniciativa.
No ha prosperado, sin embargo, una enmienda de sustitución registrada por Navarra Suma, que conminaba a “tener en cuenta las necesidades del alumnado y sus familias, a la hora de resolver el procedimiento abierto en relación con los conciertos de bachillerato formalizados con los centros de educación diferenciada de Navarra para la etapa 2022/23 a 2025/26”.
También ha decaído el primer punto de la moción original, donde se planteaba “denunciar la dejación por parte de la Administración educativa en la renovación de los conciertos educativos de Bachillerato en 2022 en los centros que segregan por sexo en Navarra, que han hecho caso omiso de la normativa vigente y siguen separando al alumnado por razón de sexo”. Navarra Suma y PSN se han posicionado en contra.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el Bildu invoca el dictado de la mayoría parlamentaria que “hace ya una década” aprobó la Ley Foral 17/2021 para, al amparo de la actual LOMLOE, instar al Gobierno de Navarra a hacer efectiva la imposibilidad de que los centros que segreguen por sexo, otrora “blindados por la Lomce”, accedan a la financiación pública de su enseñanza.
En ese contexto y con mención expresa a los conciertos educativos de Bachillerato suscritos este año con colegios que hacen “caso omiso de la normativa en vigor”, se subraya la “importancia de la educación y la coeducación para introducir cambios estructurales en materia de igualdad”, se destaca la importancia de Skolae como “programa estratégico” y se pone en valor el elenco de leyes aprobado en los últimos años para “combatir la discriminación por razón de sexo, género o identidad sexual”.
A modo de colofón, se afea al Departamento de Educación su intervención “a posteriori”, dando inicio a un procedimiento que “podría llevar a la extinción de los conciertos”, cuando, “más tras la experiencia del año pasado”, podía haber garantizado el cumplimiento de la normativa exigiendo una “planificación previa que contemplara la conversión a aulas mixtas en los dos cursos de Bachillerato”.
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