Cada vez que el Tribunal Supremo tumba una decisión del gobierno del socialista/comunista Pedro Sánchez, hace entender el porqué de los intentos de control hacia los jueces que se lleva a cabo.
La «trampa» jurídica, por Decreto del Gobierno en estado de alarma, que permitió meter en la Comisión de secretos oficiales (CNI/Centro Nacional de Inteligencia) a Pablo Iglesias y al asesor número uno del presidente, Iván Redondo, acaba de ser anulada por el Tribunal Supremo. Tarde, pero ha sido anulado.
Un varapalo más para este gobierno. Y van unos cuantos.
En otros lugares del mundo civilizado, Unión Europea, por ejemplo, ya se hubieran producido, cuando menos, dimisiones.
En la España de hoy, país miembro de la UE, ahora mismo esto es impensable. Los ciudadanos asisten impertérritos a estas situaciones. Urge ya una reacción.