Desde el proceso de regulación de inmigrantes decretado por el gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, entre los meses de febrero y mayo de 2005, España se ha convertido en lugar de atracción de miles de inmigrantes irregulares.
En lo que va de año, han llegado al archipiélago alrededor de 18.300 personas. El muelle de Arguineguín (Gran Canaria), aloja en la actualidad a unos 1.300 inmigrantes ilegales, si bien ha llegado a registrar picos de 2.300 en un dique de apenas 3.600 metros cuadrados. Además, 17 hoteles y edificios de apartamentos alojan a 5.500 inmigrantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El líder de la oposición, Pablo Casado, ya acusó a Pedro Sánchez como responsable directo de esta situación por el efecto llamada que provocó al recibir al Aquarius, en alusión al barco con 629 personas rescatadas en aguas del Mediterráneo que llegó al puerto de Valencia en junio de 2018.
Desde entonces, la llegada de pateras se ha multiplicado en nuestras costas, los partidos de la oposición han criticado la demagogia del Ejecutivo socialista.
El gobierno de este país hace muy poco, o más bien nada, por evitarlo. Entiende que a los que llegan hay que ayudarles.
La cosa ya es sería y no queda otra que prevenir estás llegadas masivas de inmigrantes y actuar con mano dura contra aquellos que se lucran, léase mafias, con estas acciones.
El gobierno no debe mirar para otro lado. Debe actuar enérgicamente y no menospreciar una vez más la oferta del PP que le tienden la mano para alcanzar un pacto de Estado sobre inmigración.