José F. Feijóo Carrasco,
El Paradigma de la gravedad política es el oscuro, por ser de noche y por la gravedad, encuentro de José Luís Abalos, ministro de Transportes y otros apéndices florales, con el número dos del gobierno narcotraficante comunista de Venezuela; personaje ella, que tiene prohibido poner pie en suelo de la Unión Europea. Sus mentiras sobre el asunto fueron un tratado de la mendaz, con disculpas disparatadas. Primero negó dicho encuentro, luego dijo que el encuentro fue fortuito en el avión que la trajo a Madrid desde Caracas, luego dijo que se produjo para saludar al ministro de Turismo de dicho país, lo que fue desmentido por la propia policía.
Este es otro claro ejemplo de que el dimitir o cesar en este Gobierno, atenta contra la moralidad del cargo.
El ministro que junto con el de Sanidad, posiblemente tenga más motivos para, no dimitir si no para dispensarlo de seguir cobrando por su cargo, es el de Interior, Grande-Marlaska. Este hombre, que es juez, es también uno de los más cínicos y mentirosos de los que forman parte del gobierno, aunque a la mayoría les adornan estos calificativos; a Marlaska, dada su condición jurídica, además de ministro, las mismas le son más ostentosas. Es una vergüenza que un país que se presume democrático, tenga un ministro de estas características que, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, ha dado su verdadera talla como lamebotas del presidente del gobierno; cualquiera que sea, pues en su día hizo saber al del PP que deseaba ser ministro. La crisis institucional más reciente provocada por este sujeto, fue la producida por su decisión de cesar al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, afirmando que su decisión se debía a “pérdida de confianza”. Es sabido que cargos de su ministerio pidieron al coronel datos del informe que estaban preparando miembros de dicho Cuerpo, en su función de policía judicial, para la juez que investigaba la autorización de la manifestación feminista del 8M y que él se negó a facilitarlos. Para tapar su mentira volvió a mentir al decir que se debía a una restructuración.
Marlaska tenía bloqueados 247 millones para la equiparación salarial de la policía y Guardia Civil, con la disculpa de que era insostenible para las arcas públicas. Sin embargo, el mismo día de la dimisión del número dos de la benemérita, dada la polvareda que se había levantado con el cese del coronel y el descontento dentro de dicho Cuerpo, firma el desbloqueo de la mencionada cantidad, que, a todos, incluida prensa y oposición, nos suena a chantaje.
Otro caso en el que, además como juez, debiera ser prudente, fue cuando anunció un crimen machista en Valladolid, cuando la Delegación del gobierno señala que no lo fue. Buenas maneras de defender la presunción de inocencia.
De Salvador Illa, ministro de Sanidad, poco más hay que decir a la vista de su gestión, junto con la de Simón, del coronavirus; se le ve más desorientado que un pulpo en un garaje. Después de más de cuatro meses de pandemia, tuvo o tiene un sinfín de razones para dimitir del cargo. Da la impresión de que Sánchez tiene a ambos como escudos protectores. Engañó a la población, junto con el doctor, y minusvaloró el riesgo de contagio. No advirtió, que se sepa, del peligro que suponían la celebración del 8M, asamblea de Vox y otros actos multitudinarios, como partidos de futbol; a Valencia vinieron seguidores del Atalanta, cuando la epidemia era clara en Italia. Manipuló, y sigue haciéndolo, la cifra de fallecidos, compró tarde, mal y a precios desorbitados materiales sanitarios que causarían bochorno en cualquier país avanzado, puso seriamente en riesgo la vida de todo el personal sanitario, desprecio al Parlamento, nunca tuvo la delicadeza de pisar un hospital, no permitió adquirir material nacional de protección sanitara y sin embargo no tuvo inconveniente en que la industria española lo exportara, cuando nos era tan necesario en nuestros centros.
Como en el caso de Sánchez, que luego veremos, podríamos seguir narrando sus ineptitudes. Su dimisión o cese tendría que ser pareja con la del fatídico Dr. Simón, en el que la ciudadanía cree menos, incluso, que en el presidente del gobierno.
Carmen Calvo, vicepresidenta primera del gobierno, y otros cargos parejos, no tiene que dimitir por sus hechos, ni siquiera por sus sandeces; pero lo que no cabe duda es que una persona que ocupa dicho cargo, que es licenciada en derecho constitucional, no debiera permitirse expresiones como “el dinero público no es de nadie”, “alterar el tiempo es una resistencia al machismo de la sociedad”, a la mujer le va la vida en la asistencia a la manifestación del 8M, dijo en TV, “La Constitución no recoge la igualdad entre hombres y mujeres”, olvidándose, de tal forma, del artículo 14 de la misma; poco edificante en una licenciada en el tema. Un deseo absurdo de la señora, fue que la UNESCO legislase para todos los planetas. Tontos hay, el caso es dar con ellos.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está denunciada desde octubre de 2.017 por prevaricación continuada y nombramientos ilegales durante su etapa de consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, interpuesta por la Asociación Justicia por la Sanidad. La denuncia fue archivada en los juzgados de Sevilla, lo que dio lugar al correspondiente recurso, pendiente de resolución que se sepa. Un buen antecedente para ser nombrada ministra.
Otra, que cuenta con buenos antecedentes, es la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dado que cuando fue secretaria de Estado en el gobierno de Zapatero, fue quien firmó en 2.009 la declaración de impacto medioambiental que autorizó el proyecto submarino de gas Castor, frente a la costa de Vinaroz (Castellón). Aquel permiso dio lugar a más de 100 movimientos telúricos, que obligaron a detener la actividad de la empresa concesionaria. La empresa exigió al Estado el pago de 1.300 millones de euros. El abono de las indemnizaciones acarreó el incremento del recibo a los consumidores. No dimitió por todo ello; pagaron por ella los técnicos del Instituto Geológico y Minero, por prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente.
No satisfecha con su antecedente descalabro; como ministra volvió a protagonizar un hecho propio de una inepta, cuando el 13 de julio de 2.018 afirmó en el Congreso de los Diputados: “El diésel tiene los días contados”. Desde esa fecha, los vehículos diésel tuvieron una caída en ventas del 8%. La que tendría que tener los días contados como ministra debiera haber sido ella; sobre todo teniendo en cuenta que posee dos vehículos diésel, altamente contaminantes dada su antiguedad. Esta mujer, junto con el ministro de Consumo, que soltó que el turismo apenas tiene incidencia en el PIB de España, son de los que hacen patria.
No son solo estos dos últimos los que tuvieron “salidas de banco”. Acuérdese a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien reconoció que le habían “colado un gol por la escuadra”, al haber aprobado la Dirección General de Trabajo un sindicato de trabajadoras sexuales. Tampoco dimitió, pero si Concepción Pascual, directora de la citada Dirección General.
Margarita Robles, la que se tiene por ser de las pocas cabales en el gobierno, otra juez metida a política, ya desde tiempos de ZP, dijo que se paralizaba la venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí, ante la posibilidad de que fueran usadas contra la población civil en Yemen. Error que corrigió al ver las consecuencias que podría tener si el citado país cancelaba el encargo de cinco corbetas al astillero de San Fernando de Cádiz. Ya no le importó contra quienes se usasen.
José F. Feijóo Carrasco, profesor y ex secretario de Ayuntamiento
