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El Ayuntamiento de Pamplona garantizará la atención presencial al público en los servicios esenciales como Policía Municipal, Servicios Sociales y Sanidad y mantendrá el funcionamiento general de la administración a través de la atención on line, por teléfono
Sólo mantendrá, dada la limitación del derecho de circulación, el registro presencial de la calle Zapatería, 40. La resolución en la que se toman estas medidas, firmada por el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, se ha aprobado tras declararse el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El objetivo es garantizar la continuidad de los servicios públicos de titularidad municipal y preservar la salud de sus trabajadores.
Albergue de peregrinos para personas sin hogar y se asegura el suministro alimentos
A los espacios municipales ya cerrados anteriormente (Civivox, centros deportivos, Teatro Gayarre, Casa de la Juventud, Museo Educación Ambiental, etc.) se unen los aseos públicos y el cementerio, al que solo podrá accederse para incineraciones y entierros con un aforo máximo de 20 personas como estaba aprobado desde el pasado jueves. El albergue turístico y de peregrinos Jesús y María se pondrá a disposición de las personas sin hogar, que irán ya sea de forma voluntaria o si se determina obligatorio. Entre los servicios de sanidad garantizados se encuentra, por ejemplo, la desratización.
Asimismo, los mercados municipales de Ensanche, Ermitagaña y Santo Domingo permanecen abiertos para garantizar el abastecimiento de productos frescos. El Ayuntamiento de Pamplona, a través de las sociedades públicas Mercairuña y Comiruña, asegura el suministro a los mercados y al comercio minorista de la ciudad.
Solo entrarán a dependencias municipales quienes acudan a servicios esenciales
No se permitirá el acceso a las dependencias municipales salvo a las personas que acudan a servicios esenciales o con motivos compatibles con el estado de alarma. La resolución indica que cada director de área determinará el modo en el que se prestarán los servicios, pero en todo caso, se utilizará el menor personal posible y se guardará una distancia de al menos dos metros entre el puesto de trabajo y el público.
También respecto a la organización del funcionamiento habitual del Ayuntamiento, esta semana no se celebrarán las sesiones de comisiones ordinarias.
Las personas trabajadoras del Ayuntamiento solo podrán ver suspendida la obligación de permanencia presencial en su puesto de trabajo cuando no se pueda mantener una distancia de dos metros entre ellas aunque se realice una reorganización física del espacio. Si no hay opciones para organizarse con este parámetro, se arbitrará el teletrabajo, pero teniendo siempre en cuenta que la modalidad no presencial no conllevará menoscabo de los servicios.
También estarán exentas de acudir al puesto de trabajo las personas que pertenezcan a colectivos vulnerables o de riesgo, o puedan directamente incidir en éstos, habilitándose para ellas trabajo no presencial. La misma medida se ha aprobado para quienes deben permanecer en su domicilio por indicación de las autoridades sanitarias o que tengan a su cuidado menores o personas dependientes, siempre que los mecanismos de flexibilidad no sean suficientes.
Continuará la labor administrativa
La paralización de términos y plazos administrativos, decretada por el RD 463/2020, no conlleva la paralización de los trámites internos de los procedimientos, por lo que cada área va a continuar las tramitaciones que sean independientes de los plazos y trámites suspendidos. En todo caso, se aprovechará para desarrollar actuaciones internas organizativas y de planificación.
Por lo que respecta a los espacios de trabajo, se garantizará su limpieza diaria y correcta. No se celebrarán reuniones, salvo que sean imprescindibles, y se restringe el uso de zonas comunes. Los ascensores se usarán sólo en casos imprescindibles y con una persona en cada viaje.
La resolución finaliza indicando que estas medidas se irán adaptando a las circunstancias, orientándose siempre a la doble garantía tanto de la prestación de los servicios públicos como de la salud de los trabajadores municipales.
