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Escrivá quiere endurecer la jubilación anticipada y la fiscalidad a los planes de pensiones

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Primera comparecencia del ministro ante el Pacto de Toledo: propone incrementar el peso de los planes de empresa y retrasar la edad de jubilación

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quiere utilizar “tres palancas” para sanear el sistema con propuestas de cambio sustanciales: castigar las jubilaciones anticipadas voluntarias, incentivar el retraso de la jubilación, y fomentar, a través de una fiscalidad más atractiva, los planes colectivos de pensiones que se suscriben en el seno de las empresas.

Optimista respecto a la sostenibilidad del sistema. Con una propuesta principal que no implica una reforma real, sino un mero cambio presupuestario: esa idea de separación de fuentes de financiación que en realidad no cambia nada en el fondo del asunto.

“Muchos de los estudios más alarmistas no tienen en cuenta el efecto de la normativa actual en la edad efectiva de jubilación”, ha apuntado el ministro. O lo que es lo mismo, lo que propone es incrementar “los incentivos para trabajar más” y los “desincentivos” para las jubilaciones anticipadas.

Con estas iniciativas, Escrivá pretende aproximar la edad real de jubilación actual (64 años y 5 meses) a la legal (65 años y 10 meses y progresivamente 67 años desde 2027). “Esta es una palanca potentísisma”, dijo Escrivá, porque por cada año que sube la jubilación real “se soluciona un 25% del problema”, precisó en referencia al futuro incremento del gasto en pensiones por la llegada masiva a la jubilación de los nacidos en el baby boom, desde mediados de esta década.

Durante su comparecencia en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, Escrivá ha señalado que “esta comisión y el diálogo social son el marco idóneo para dotar de certidumbre al sistema de pensiones”.

El ministro ha considerado que “el borrador de recomendaciones del Pacto de Toledo es un magnífico punto de partida para desarrollar el modelo de pensiones del futuro”. En él, según José Luis Escrivá, se definen bien los principios orientadores del sistema y tiene elementos suficientes para eliminar la incertidumbre a corto plazo y afrontar los retos a largo plazo, por lo que considera que, una vez realizado el diagnóstico, “se dan los mimbres para tomar la iniciativa legislativa”.

Un nuevo marco de actualización que se aplique el próximo año

Escrivá ha afirmado que “nuestro sistema de pensiones es solvente, aunque la preocupación esté en niveles más altos que en años anteriores”. Para eliminar esta incertidumbre, el ministro de Inclusión ha pedido a la Comisión del Pacto de Toledo que acelere los trabajos para que en el próximo periodo de sesiones se pueda aprobar “un nuevo marco estable de actualización de las pensiones”, de forma que se pueda aplicar en 2021.

En este sentido, el ministro ha indicado que la incertidumbre actual tiene consecuencias tanto para los pensionistas como para el propio sistema. Por un lado, los pensionistas viven una situación de inseguridad sobre sus rentas futuras cuando ya no tienen capacidad de reacción. Por otro, la falta de certidumbre puede incentivar jubilaciones anticipadas y la elección de cotizaciones mínimas en aquellos colectivos con posibilidad de elección. La prioridad es acordar un marco estable para la actualización de las pensiones que se pueda aplicar ya el próximo año. Lo adecuado, ha señalado el ministro, sería que se pudiera abordar “en el próximo periodo de sesiones”. Con ello, se daría cumplimiento a las recomendaciones 2 y 15 del borrador y se lograría “eliminar buena parte de la incertidumbre que existe sobre nuestro sistema de pensiones”.

Además, ha llamado a seguir la recomendación 1 del borrador, que propone “la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social […] paso decisivo para recuperar el equilibrio financiero en el corto plazo”. En este sentido, ha propuesto un traslado gradual de los “gastos impropios de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado” para eliminar el déficit del sistema. Según ha indicado, “se trata de un problema más aparente que real”, ya que el nivel de cotizaciones sociales de España es “suficiente para garantizar el sistema”.

El reto a medio plazo es manejable

Escrivá ha resaltado también que el sistema tiene que afrontar en las próximas décadas un incremento importante del número de jubilaciones. No obstante, “este reto es manejable” ya que, pese a algunas proyecciones catastrofistas, “las presiones al alza de gasto son equiparables a las de países de nuestro entorno y disponemos de instrumentos en el marco legislativo vigente”.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de completar el marco vigente “con la utilización de incentivos positivos que contribuyan a acercar edad efectiva de jubilación a la edad legal”, tal y como se indica en la recomendación 12 del borrador del Pacto de Toledo. Escrivá ha señalado que ya existen mecanismos para prorrogar la vida laboral, pero apenas se utilizan y hay indicios de que existe un cierto desconocimiento sobre ellos que desincentiva su uso. Por ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones llevará a cabo una evaluación de los incentivos actuales “para optimizar su utilización y, si es necesario en algún caso, redefinir alguno de sus elementos”, además de revisar la normativa sobre jubilaciones anticipadas voluntarias.

Además, Escrivá ha recordado el sentido de la recomendación 19, que indica que “el flujo de migraciones debe canalizarse a través de mecanismos que garanticen la incorporación de personas migrantes al mercado de trabajo”. Por ello, insistió en su propuesta, anunciada la semana pasada en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de alcanzar un consenso nacional sobre migraciones, que apueste por una inmigración legal, ordenada y segura.

Previsión social en el marco de la negociación colectiva

Además, José Luis Escrivá ha llamado a seguir la recomendación 16 del borrador, que apuesta por “impulsar fiscalmente, de forma preferente, los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva” trasladando progresivamente los beneficios fiscales de los planes individuales a los colectivos.

En este sentido, se ha constatado un estancamiento de los planes colectivos, frente al crecimiento del patrimonio invertido en planes individuales, a pesar de que la rentabilidad de los primeros es mayor y sus comisiones son menores. El ministro de Inclusión ha puesto como ejemplo el modelo impulsado en el País Vasco, que tiene un alto número de partícipes y en el que la negociación colectiva juega un papel importante con participación de la empresa y el trabajador.

Finalmente, Escrivá ha instado a la Comisión a recuperar el formato original del Pacto, al que se llegó hace 25 años, de forma que “seamos capaces de transmitir el contenido del acuerdo de forma sencilla y comprensible”. Por ello, ha pedido a la comisión que elabore un resumen ejecutivo de las recomendaciones del Pacto para que sea más accesible para la ciudadanía.

 

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