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El Defensor del Pueblo realizó 2.645 actuaciones en 2018, un 8,8% más

El Defensor del Pueblo de Navarra (DPN) realizó el año pasado 2.645 actuaciones, un 8,8% más que en 2017, según los datos de la memoria anual de la institución, presentada este jueves por Javier Enériz en el pleno del Parlamento

De esta actividad, para la que la entidad dispuso de un presupuesto de 700.000 euros, el Defensor del Pueblo ha puntualizado que 1.052 fueron quejas atendidas y 1.398 consultas, que dieron lugar a 826 investigaciones, y 401 resoluciones dictadas.

En total fueron 8.000 las personas que mantuvieron contacto directo con la entidad, a las que hay que ha sumado las 26.000 que lo hicieron a través de internet por un expediente disciplinario a una profesora.

De todas las quejas, el 53% estuvieron relacionados con la administración foral, el 28% con las administraciones locales y el resto con la administración del Estado.

Enériz ha añadido que por áreas el mayor numero de quejas fueron por asuntos de bienestar social, gran parte de ellas por la renta garantizada, otras por asuntos relacionados con menores, plazas residenciales para mayores y atención domiciliaria, el grado reconocido de discapacidad,

En segundo lugar figuran las relacionadas con el acceso a un empleo público de docente, la imposibilidad de acceder al expediente administrativo de ingreso y el mapa local.

El tercer espacio motivo de quejas es educación y aluden a cuestiones como la ratio máxima de 25 alumnos/aula, la no admisión en un centro educativo, los servicios de transporte y comedor, las becas o situaciones de acoso escolar (5) que ha instado “a investigar y no intentar tapar”.

Otras áreas en las que hubo quejas fueron la función pública, IRPF, entre ellas las madres que reclaman la devolución por prestaciones de maternidad y paternidad, plusvalías, cobro de cuotas en instalaciones deportivas, listas de espera, atención recibida en consultas, copago farmacéutico y transporte sanitario en el ámbito rural.

Los ruidos, la valoración del euskera, la falta de personal con conocimiento de esta lengua, la grúa, la situación de algunas infraestructuras viarias, el plan de amabilización de Pamplona y la ITV fueron otras materias motivo de queja.

Y además hay “8.000 personas en espera de una vivienda en alquiler social y no hay cobertura para tender las necesidades”, ha aseverado el Defensor del Pueblo, que ha sumado otras quejas por violencia de género o por menores extranjeros no acompañados, “que no son delincuentes”, como “tampoco” las personas en situación administrativa irregular.

De todos estas cuestiones dos tercios fueron resueltas, ha precisado, y cuestionado que “cada vez son mas” las administraciones que “no colaboran” o “retrasan” sus respuestas, en el Gobierno sobre todo Desorrollo Económico, Educación y Salud, y los de Pamplona y Tudela entre los ayuntamientos, por lo que ha abogado por disponer de alguna “medida disuasoria” sin tener que apelar al Código Penal.

Como portavoz de Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha destacado que el Defensor del Pueblo es “el encargado de la protección de las libertades y derechos de los ciudadanos, una misión importante que por sí misma justifica su existencia”, si bien ha subrayado la calidad de su trabajo, incluso “con brillantez” y quizás por eso en el cargo desde 2007, los último siete interino.

La socialista Inmaculada Jurío ha apostado por poner el foco en las quejas que se presentan ante una institución “cada vez más conocida” y que tiene “un reconocimiento y es prestigiada por la ciudadanía en la labor que realiza en defensa de los derechos de los ciudadanos”, muchas veces como “el último recurso cuando se ven desprotegidos ante la administración”.

Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha agradecido a Enériz un “trabajo para dar respuestas a la ciudadanía” a pesar de llevar siete años interino en el cargo, y valorado las “reflexiones muy, muy importantes” que aportan los datos del Defensor, “un puente de relación” entre la sociedad y las administraciones.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha aludido a la foto fija que del papel de las administraciones da el informe del Defensor del Pueblo, la “mala conciencia” para algunos aunque cada año “parece que importa menos”, y criticado también la situación de interinidad de Enériz.

Por Podemos, Mikel Buil, ha señalado que el informe del Defensor del Pueblo es “una guía política para todos”, “un diagnóstico que además permite consensos para avanzar entre todos”.

Y para I-E, ha dicho Marisa de Simón, la actividad de la Oficina del Defensor del Pueblo refleja que éste es “un mecanismo de participación ciudadana que además es eficaz”. EFE

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