Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves (i) y José Antonio Griñán. EFE
Ni acusados ni abogados de una y otra parte se atreven a vaticinar por dónde respira el tribunal que durante más de un año ha juzgado a 21 ex altos cargos de la Junta en el caso ERE, cuyo fallo tardará más de 6 meses ante la complejidad de un proceso recogido en 690 vídeos de las 152 sesiones.
Los letrados más veteranos aseguran que no son capaces de vislumbrar hacia dónde se inclinarán los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla Pilar Llorente, Encarnación Gómez y el presidente y ponente de la sentencia Juan Antonio Calle por su forma de reaccionar en el juicio a los testimonios de los acusados, los más de 120 testigos y los nueve peritos que durante seis semanas contrapusieron interpretaciones doctrinales opuestas.
Las apuestas oscilan entre una absolución general; una absolución genérica del delito de malversación, al no haberse juzgado qué cuantías se han distraído y en qué ayudas (de hecho una de las acusaciones, Manos Limpias, retiró este delito); y una condena general por prevaricación, o selectiva de los excargos de Empleo.
La gran pregunta es, en caso de condena, «dónde hará el corte» el tribunal de la responsabilidad en el diseño de un «procedimiento específico» usado durante una década para dar ayudas sociolaborales a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles y, según las acusaciones, facilitando que fueran a fines ajenos al previsto, analizados en las piezas separadas de cada ayuda.
Para sustentar la prevaricación, el tribunal debe admitir las tesis de los peritos de la Intervención Estatal (IGAE), defendidas por la Fiscalía y las acusaciones, de que el sistema diseñado era ilegal, porque las transferencias de financiación que la Consejería de Empleo enviaba a la agencia pública IDEA para que pagara las ayudas no se podían usar para eso, según la Ley de Acompañamiento a los presupuestos del 2002.
El problema es que la Ley de Presupuestos de ese año y los sucesivos recogían transferencias de financiación de Empleo a IDEA con ese fin concreto y lo que aparece en una ley, sostienen las defensas, no puede ser ilegal, además de que las leyes las aprueba el Parlamento y no los miembros del Gobierno.
Las acusaciones, basándose en los peritos de la IGAE, sostienen que se articuló un mecanismo contable y administrativo que impedía a los parlamentarios y auditores conocer el llamado «procedimiento específico», pues precisamente el objetivo es que fuera «opaco» y escapara a los controles.
Pese a todo hubo alertas de la Intervención de IDEA y del interventor general de la Junta, Manuel Gómez, uno de los acusados junto a los responsables de Hacienda -entre ellos el expresidente andaluz José Antonio Griñán- e Innovación y la agencia pública, a los que llegaron sus informes avisando de irregularidades.
Unos avisos que para el fiscal y la acusación del PP-A no fueron lo suficientemente contundentes como para exculpar al interventor por haber cumplido con su deber (solo Manos Limpias retiró toda acusación contra él, al igual que contra el expresidente Manuel Chaves y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río).
Si el tribunal opina que el interventor no hizo lo suficiente y cree probado que sus avisos debieron promover medidas y llegaron a los consejeros de Empleo, Innovación, Hacienda y a los directores de IDEA, «el corte» de una hipotética condena irá más allá de los responsables de Empleo.
Si asume la tesis de las defensas de que sin la alerta roja del interventor los cargos públicos no tenían que actuar, podría limitar la responsabilidad a los responsables de Empleo, e incluso absolverlos también si no ve ilegal el sistema de concesión y pago de las ayudas porque venía en los presupuestos.
Todos los procesados están acusados de prevaricación, delito por el que afrontan diez años de inhabilitación, si bien 15 -entre ellos Griñán y los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo- lo están también de malversación, por la que la Fiscalía y el PP-A solicitan entre seis y ocho años de prisión y otros veinte años de inhabilitación.
En el juicio de los ERE se ha hablado mucho de Derecho Administrativo, presupuestación y contabilidad, del funcionamiento interno del Gobierno y el Parlamento andaluces y, pese a la creencia de la opinión pública, la condena o absolución de los 21 procesados se basará en si usaron o no un procedimiento ilegal o eludieron su responsabilidad «in vigilando».
No se les juzga por haberse apropiado de dinero público ni por desviar fondos de la Junta para la financiación ilegal del PSOE.
Tampoco por que el presunto reparto arbitrario de 680 millones de euros entre 2001 y 2009 (la Fiscalía en su informe final quitó un año de fraude, 61 millones y un acusado) sirviera para tejer una red clientelar destinada a mantener en el Gobierno andaluz a un PSOE que está a punto de perderlo, por las urnas, tras 36 años en el poder, el mismo año en que dos décadas de socialismo andaluz han sido juzgadas. EFE
Laura Blanco
