La consejera de Educación, María Solana, ha indicado que se ha regularizado la situación de «seis personas que se encuentran realizando funciones de asesoría docente» en los centros de apoyo al profesorado y, de esta forma, se ha puesto «fin a una situación irregular», mantenida desde el 2012.
Así lo ha indicado en una comisión parlamentaria, a petición propia y del PSN, en la que ha calificado como «costoso y dificultoso» el proceso de «poder ordenar una situación anómala», que, ha dicho, se encontraron en 2015, al inicio de la actual legislatura.
De esta forma, ha tildado el curso 2011-12 como el de «la demolición» de los centros de apoyo al profesorado, «empezando por sus propias sedes», y también el del «desmantelamiento» del centro de recursos.
«Los préstamos del Centro de Apoyo al Profesorado (CAP) se redujeron a la mínima expresión y limitados al ámbito de la Educación Física», ha indicado para añadir que, como consecuencia, «perdieron el carácter de centro de recursos que tenían».
Ha precisado que de las dieciséis asesorías con las que contaba el CAP en Pamplona se pasó a siete y que, a partir de ahí, se incorporaron «paulatinamente diferentes figuras dedicadas a labores relacionadas con la formación, pero sin funciones delimitadas y sin un reflejo en la plantilla orgánica».
En ese contexto, ha indicado que las funciones de estas figuras eran «de muy difícil trazabilidad, ya que se constituían a partir de horas lectivas que se asignaban por encima de sus necesidades a los centros educativos» y «que se destinaban a estas otras funciones relacionadas con la gestión de la formación del profesorado».
Para Solana, la «única solución» pasaba por crear dichas plazas en la plantilla orgánica de manera oficial, si bien el «principal escollo» fue la imposibilidad de aumentar el gasto en materia de personal, una limitación impuesta por la ley de presupuestos generales del Estado.
Se analizó las necesidades de las asesorías docentes, en los CAP y en servicios del propio departamento, y se concretaron en diez plazas: seis en los CAP, dos en la sección de Igualdad y Convivencia, una en el negociado de necesidades educativas y otra en Formación Profesional.
Ante esta situación, a comienzos de 2018 dos personas que trabajan como asesores docentes decidieron regresar a sus centros educativos, un factor que supuso que se pudiera retribuir el complemento salarial de nueve de los diez asesores necesarios.
El último de este grupo de asesores se financia con cargo a una partida de la Unión Europea, por lo que con esta solución, ha indicado Solana, se pone «fin a una situación irregular mantenida desde el 2012» y se hace «sin aumentar el gasto en materia de personal.
En el turno de portavoces, desde el PSN, UPN y PPN se ha remarcado la «falta de transparencia» del departamento de Educación, a quien han pedido que «asuma sus responsabilidades».
Los representantes del cuatripartito han coincidido en destacar que en la actualidad se ordena «de acuerdo a la normativa» y que se venía de una situación de anteriores gobiernos que «desmantelaron» los CAP. EFE
