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Las leyes sobre el tabaco y la conducción temeraria mejoran la salud de los españoles, según la Caixa

Las leyes sobre el tabaco y la conducción temeraria mejoran la salud de los españoles, según la Caixa

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Entre el año 2000 y el 2015 la carga de enfermedad derivada del tabaquismo y la conducción temeraria se redujo en un 37%, en buena parte debido a la implementación de medidas legislativas, especialmente de aquellas más punitivas en las sanciones por incumplimiento

Es una de las conclusiones del estudio ¿Cómo legislar para promover la salud pública? Los casos del tabaco y los accidentes de tráfico, publicado por el Observatorio Social de «la Caixa».

En el informe, el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Jaime Pinilla, analiza el impacto de actuar sobre la salud pública desde la ley. Toma como objeto de estudio los dos comportamientos no saludables que más impacto tienen sobre la salud pública: el tabaquismo y la conducción temeraria. Estos comportamientos provocan cargas de enfermedad prevenibles y, en consecuencia, costes económicos que podrían dedicarse a otras finalidades.

Según datos del Institute for Health Metrics Evaluation (IHME), en el año 2000 en España se perdieron 25.000 años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) por cada 100.000 habitantes. AVAD es una medida utilizada en economía de la salud, como indicador que refleja el tiempo y la calidad de vida relacionada con la salud: perder un AVAD equivale a perder un año de vida en plena salud. Gracias en parte a las intervenciones legislativas realizadas, en 2015 dejaron de perderse unos 1.400 AVAD por cada 100.000 habitantes debido a estas conductas de riesgo.

El tabaquismo y la conducción temeraria son los responsables directos de la pérdida de salud de muchas enfermedades: un 14% y un 3,41% del total de AVAD perdidos en el año 2000, respectivamente. Por enfermedades, el tabaquismo era responsable, en el año 2000, del 43,55% de los AVAD perdidos por enfermedad respiratoria crónica, un 31,19% por cáncer y un 19,65% por enfermedad cardiovascular.

En el caso de la conducción temeraria o bajo los efectos del alcohol y las drogas, ésta fue responsable del 70% de los AVAD perdidos por lesiones en accidentes de tráfico.

En 2015, según el mismo instituto, el tabaquismo fue responsable del 9,63% de la carga total de enfermedad en España, mientras que la conducción temeraria o bajo los efectos del alcohol o las drogas lo fue del 1,09%, lo que supone, entre ambos casos, un 37% de disminución en la carga de enfermedad por estos comportamientos respecto a 2000.

Para medir el impacto de las medidas legislativas abordadas en España en materia de tabaquismo y seguridad vial, el autor utiliza dos indicadores claves: las ventas de tabaco y la mortalidad por accidentes de tráfico.

Por un lado, en cuanto al tabaquismo el autor apunta a una disminución notable del consumo de tabaco entre 2000 y 2015. Si bien esta tendencia empezó con la entrada en vigor de la Ley 28/2005 que regulaba, entre otras cuestiones, la restricción parcial del consumo de tabaco en lugares públicos cerrados, el autor matiza que es la entrada en vigor de la Ley 42/2010, de restricción total, la que tiene un impacto más significativo. En concreto, la restricción total del consumo en lugares públicos cerrados (2010) explica el 16,55% de esta disminución en las ventas, mientras que la regulación parcial del consumo en lugares públicos, junto con otras medidas, cinco años antes explica el 6,81% del descenso de ventas.

En cuanto a las leyes sobre seguridad vial, se observa una tendencia a la baja sostenida a lo largo de los años, por lo que la sociedad española parece cada vez más sensibilizada con esta causa. Sin embargo, el impacto de la reforma del Código Penal de 2007 es claro ya que explica un 13,34% de la caída en la mortalidad por accidentes de tráfico en el período analizado.

Además de esta variable, el estudio explica cómo el número de procedimientos tramitados por delitos a la seguridad vial aumentó considerablemente desde los 37.697 procedimientos judiciales de 2006 hasta los 43.926 y 87.755 en 2007 y 2008, estabilizándose en unos 110.000 a partir de 2010. Del mismo modo, tras la reforma de 2007, el número de penas de privación del derecho a conducir vehículos aumentó un 115%.

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