El fiscal ha pedido hoy prisión sin fianza para el expresidente madrileño Ignacio González, detenido el miércoles en la ‘operación Lezo’ por presunta corrupción en la gestión del Canal de Isabel II, han informado fuentes jurídicas.
González ha declarado durante dos horas y cuarenta y cinco minutos ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga presuntos desvíos de fondos de la entidad pública, que fue presidida por el exmandatario madrileño entre 2003 a 2012.
La defensa de González ha sido ejercida hasta este viernes por el letrado Gonzalo Rodríguez Morurullo, que acompañó a su cliente durante los registros en su despacho y su domicilio. No obstante, en las últimas horas el exmandatario ha cambiado de abogado y durante la declaración ha sido asistido por Esteban Mestre.
Niega los cargos
El expresidente de la Comunidad de Madrid ha negado ante el juez todas las supuestas irregularidades que le imputa el magistrado, según han informado a Efe fuentes jurídicas.
Durante el interrogatorio se han reproducido varias conversaciones pinchadas en las que aparece González de interlocutor.
Las mismas fuentes han indicado que algunas de las preguntas que le han hecho han versado sobre por qué no denunció ciertas irregularidades a su llegada al organismo en 2003.
El expresidente de la Comunidad de Madrid había llegado poco antes de las 13.00 horas a la Audiencia Nacional, donde ha esperado en los calabozos a ser llamado a declarar. González ha sido trasladado a la sede de la Audiencia en la calle Génova en un coche de la Guardia Civil tras pasar dos noches en las dependencias de la Comandancia Tres Cantos (Madrid).
Casi tres horas antes habían llegado, en autobús, su hermano Pablo; el expresidente ejecutivo de la Empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) Edmundo Rodríguez Sobrino, y su secretaria, Clarisa Guerra, que es la primera que ha entrado a declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. El juez ya ha decretado prisión sin fianza para Rodríguez Sobrino, el consejero delegado de ‘La Razón’ y considerado hombre fuerte de Ignacio González en latinoamérica.
Velasco decretó anoche e el ingreso en prisión provisional eludible bajo el pago de una fianza de 4 millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond y de 100.000 euros para el exgerente Adrián Martín, quienes fueron los primeros en pasar a disposición del en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la empresa pública de gestión del agua.
Velasco les imputa los delitos de pertenencia en organización criminal –un cargo del que de momento no acusa la Fiscalía Anticorrupción–, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. Estas dos personas están presuntamente relacionadas con la adquisición irregular de la empresa brasileña Emissao Engenharisa e Construçoes que hizo el Canal de Isabel II en 2013 por un importe de 23 millones de euros.
Además el juez ha tomado declaración en calidad de investigado al empresario Adrián de la Joya por su implicación en la trama relacionada con el cobro de una comisión de la multinacional OHL, y le ha dejado en libertad sin medidas cautelares.
La ‘operación Lezo’ estalló este miércoles y llevó inicialmente a la detención de 12 personas, de las que tres fueron puestas en libertad en las siguientes horas. Además del registro en las dependencias del Canal de Isabel II, la operación que desarrolla la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado también a la intervención en las sedes de OHL, Indra, Saerco y Licuas, además de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid.
Además, los agentes solicitaron en la sede de la consultora PriceWaterhouseCooper (PWC) los contratos de esta compañía con Agencia de Informática y Comunicación del Gobierno autonómico.
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