Pere Camprubí i García
La decepción que nos acompaña tras la aprobación el día 11 de enero de 2017 de la creación de treinta nuevas plazas en la Administración Foral de Navarra para 2017, nos lleva a la siguiente reflexión.
Una de las potestades de las Administraciones Públicas es la de autoorganización, por la que estas pueden estructurar sus propios recursos humanos y materiales del modo más conveniente para la más eficiente ejecución de sus competencias y consecución de sus fines (artículo 11 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas). Así pues, vaya por delante nuestro reconocimiento de que la Administración Foral de Navarra tiene la potestad de autoorganizarse, en tanto que es una Administración Pública.
Hay dos grandes modelos de autoorganización, como son (1) de compartimentos estancos, iniciado a principio del siglo XIX y desarrollado hasta nuestros días, en el los profesionales se agrupan en cuerpos funcionariales creados según las distintas titulaciones existentes en esos tiempos y (2) el interprofesional, de escasa implantación en las distintas Administraciones Públicas españolas, en el que los profesionales se agrupan de acuerdo con las funciones que van a desarrollar, con independencia de su titulación académica, por lo que se busca aprovechar los beneficios de la complementariedad y sinergias de sus respectivas formaciones académicas de base.
Reiterando nuestro reconocimiento a la potestad autoorganizativa de la Administración Foral de Navarra, no podemos dejar de lamentar que continúe instalada en el modelo (1), con independencia del color político del Gobierno que la dirige. Un ejemplo de nuestra queja lo tenemos en la composición de los puestos de trabajo de dos direcciones generales, la de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería y la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en las que los biólogos podemos aportar mucho más de lo que actualmente damos a nuestra administración foral.
Hemos consultado la vigente Relación de Puestos de Trabajo de las mencionadas direcciones generales (BON de 12 de julio de 2016, pag 7340 a 7345); al respecto, constatamos que:
- En la Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería únicamente se contemplan puestos de trabajo para 1 biólogo (laboratorio agroalimentario), 20 para veterinarios, 47 para ingenieros (agrónomos, técnicos agrícolas y topógrafo) y 5 para Técnicos de Grado Medio. ¡Ni siquiera hay biólogos en el Negociado de Biología vegetal!
- En la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se cuenta con 6 puestos de trabajo para biólogos, todos en Biodiversidad, frente a 21 para ingenieros, 13 de ellos de corte forestal y el resto industrial y agronómico. ¡Ni siquiera en Educación Ambiental han considerado las aportaciones de biólogos!
Estos datos muestran que la concepción que tiene la Administración Foral navarra el Medio Rural (agrario y natural) tiene un sesgo marcadamente productivista, a nuestro entender alejado del tratamiento más equilibrado hacia la protección del medio, como demandan las regulaciones ambientales de la Unión Europea.
Aunque en el momento actual se ha modificado la estructura del departamento, la tipología de los puestos de trabajo sigue siendo la misma, así como la concepción excesivamente productivista del tratamiento que requiere nuestro medio rural.
Y no incluimos ahora la información sobre el perfil de titulados en el que recaen las jefaturas de Servicio, Sección y Negociado, aspecto fundamental para orientar las líneas de trabajo prioritarias de cualquier unidad organizativa. En la estructura actual de las direcciones generales mencionadas, ese perfil está sesgado hacia la explotación del medio natural.
También dejamos para más adelante algunas reflexiones sobre la (eternamente fallida) reforma de la Administración Pública.
Peré Camprubí i García, Decano del Colegio Oficial de Biológos
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