Los regionalistas exigirán también que se rechace “la ocupación de edificios públicos o privados como método de presión de radicales”
El Grupo Municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona exigirá en el próximo pleno que “todos los grupos municipales condenen el terrorismo etarra y exijan la disolución de la banda antes de pretender organizar una comisión de paz y convivencia”. Su portavoz, Enrique Maya, ha considerado este rechazo “una premisa necesaria y previa a la constitución de la anunciada comisión, porque de lo contrario carecería absolutamente de legitimidad y credibilidad, sobre todo después de la conducta de Asirón durante este año y medio”.
Maya ha recordado que transcurridos 16 meses desde que llegaron al gobierno, Asirón y su equipo, “lejos de cumplir con el compromiso que adquirieron al principio de la legislatura de constituir la Comisión Especial de Paz y Convivencia, siguen arrojando muchas dudas sobre su postura ante la violencia terrorista y ante ETA”.
En este sentido, ha citado “el abrazo del alcalde Asirón a Otegi cuando éste salió de la carcel, a lo que se le suman las numerosas iniciativas que han defendido y aprobado en la misma línea en pleno y comisión”.
Cabe recordar que los grupos del cuatripartito se negaron a condenar el terrorismo de ETA y a exigir su disolución en el primer Pleno de la legislatura, remitiendo el tema a la futura comisión de paz y convivencia. Sin embargo, no han tenido problema en pedir la absolución de los 5 miembros de Askapena, apoyaron a Eneko Compains y otros ocho exdirigentes de Batasuna procesados por su vinculación a ETA e hicieron suya una declaración propuesta por familiares de presos para pedir el fin de la dispersión, al margen de diferentes declaraciones referidas a la memoria histórica.
El regionalista ha apuntado que “en ninguna de ellas necesitaron esperar para tomar postura a constituir la futura Comisión de Paz y Convivencia que, como decían, abordaría todas estas cuestiones, como sí suelen hacer habitualmente para evitar la condena a ETA y el apoyo a sus víctimas”.
Para Maya, el “sectarismo” de la acción política de Asirón también se constata en la calle, donde “están permitiendo que cada celebración festiva tenga como telón de fondo pancartas alusivas a los presos de ETA o su incapacidad para condenar la brutal agresión a dos guardias civiles en Alsasua la semana pasada”.
Por todo ello, los regionalistas exigirán a los grupos que conforman el equipo de gobierno de este Ayuntamiento “un posicionamiento claro y rotundo contra el terrorismo de ETA, de apoyo a las víctimas y de exigencia de disolución de la banda terrorista como premisa necesaria y previa a la constitución de la anunciada Comisión Especial de Paz y Convivencia”.
La ocupación de edificios
Por otra parte, Enrique Maya ha anunciado que UPN exigirá también que “se rechace la ocupación de edificios públicos o privados como método de presión de radicales”.
Como ha recordado el portavoz regionalista, “desde el inicio de la legislatura estamos presenciando el tratamiento muchas veces discriminatorio que utiliza el equipo de gobierno a la hora de gestionar los recursos municipales”.
Maya ha explicado que “muchas de las decisiones que adoptan vienen condicionadas en función de quien sea el interlocutor: ocupas vinculados a Bildu, como los de Mendillorri o la Calle Compañía, se han visto recompensados con sendos edificios municipales. En cambio, otros fueron rápidamente desalojados por la Policía”.
Para el portavoz de UPN, “es muy grave que un partido como Aranzadi-Podemos, que forma parte del gobierno municipal, afirme sin rubor que la ocupación de edificios es un derecho al que no debe oponerse la acción municipal, y por supuesto, la propia policía municipal”.
Es decir, ha agregado, “que un partido del que depende la alcaldía de Asirón defiende la ocupación de edificios en Pamplona, edificios públicos y privados, sin distinción, lo que genera la lógica alarma entre los ciudadanos”.
Por eso, los regionalistas consideran necesario “reprobar la ocupación de edificios públicos o privados como método de presión de los grupos radicales, declarar Pamplona ciudad libre de ocupas y poner a disposición todos los medios municipales disponibles, incluida la Policía Municipal, para evitar actuaciones de este tipo garantizando los derechos de todos los pamploneses”.
