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El Gobierno elabora un proyecto de ley foral que regule a todas las policías de Navarra

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NAVARRAINFORMACION.ES

La consejera Beaumont se propone lograr el “máximo consenso sindical y político”

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Mª José Beaumont, firmó ayer jueves, 27 de octubre, la orden foral que da inicio al procedimiento de elaboración de un proyecto de ley foral que regule a las policías locales de la Comunidad Foral y modifique al mismo tiempo las leyes reguladoras de las Policías de Navarra para resolver la problemática detectada en su aplicación.

En dicha orden foral, la consejera Beaumont manifiesta también su “firme propósito” de lograr “el máximo consenso sindical y político en el resultado final de la futura norma”, cuya elaboración viene exigida por la Ley Foral 15/2015, que modifica la Ley Foral de Policías de Navarra, que data del año 2007.

En concreto, el Gobierno de Navarra se plantea ampliar la regulación que sobre las policías locales, los agentes municipales y los alguaciles prevé la mencionada normativa de 2015 sin generar un texto legislativo nuevo puesto que en Ley Foral de Policías de Navarra se encuentra ya gran parte de la normativa común de todos los cuerpos, incluido el de la Policía Foral.

Esta iniciativa legislativa también se podrá aprovechar para solucionar varias incoherencias e incorrecciones de la vigente Ley Foral de Policías de Navarra que generan, en parte, una regulación incongruente de difícil interpretación.

Finalmente, se contemplará la modificación, al menos parcial, de los artículos de la Ley Foral de Policías de Navarra que fueron recurridos por el Gobierno Central y que se encuentran suspendidos por el Tribunal Constitucional hasta que dicte sentencia, cuestión que podría demorarse varios años.

Reuniones con ayuntamientos y grupo de trabajo

Cabe recordar que la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia mantuvo en marzo y junio dos reuniones en TafallaEstella con todos los ayuntamientos que cuentan con cuerpos de policía local con el objetivo de elaborar en colaboración el proyecto de ley foral cuya tramitación se inicia ahora.

Fruto de la última reunión surgió un grupo de trabajo liderado por la Dirección General de Interior y representativo de las distintas realidades de las policías locales de Navarra. Este grupo ha concluido que no es necesaria la redacción de una nueva ley foral que regule solo a las policías locales, sino que la nueva regulación debe integrarse en la Ley Foral de Policías de Navarra.

Asimismo, han sugerido varios temas a abordar en esta modificación legal como son la definición de sus funciones, servicios y competencias; los convenios de colaboración y otros mecanismos de coordinación; el régimen de promociones y traslados; la estructura y las ratios por habitante; el régimen de jornadas y retribuciones; los auxiliares de policías locales y figuras análogas; la segunda actividad; la movilidad incluyendo permutas y comisiones de servicios; la provisión de jefaturas y la carrera profesional; los procedimientos de selección comunes; el régimen disciplinario; los reglamentos de organización y las relaciones con la ciudadanía.

Carencias de la actual ley de Policías

Como se ha mencionado, el futuro proyecto de ley también abordará varias modificaciones de la vigente Ley Foral de Policías de Navarra.

Así, tras entrar en vigor el nuevo reglamento de jornadas y retribuciones de la Policía Foral, aprobado por el Gobierno de Navarra el 28 de septiembre y que entró en vigor el 1 de octubre tal y como dictaba la mencionada ley, la Dirección General de Interior ha elaborado un informe que advierte de los problemas generados en ciertas unidades operativas de la Policía Foral por el nuevo régimen de horarios estandarizados al limitar la actuación de los agentes en aquellas intervenciones que requieren mayor flexibilidad, de las dificultades de gestión para aplicar el complemento de turnicidad, y de la necesidad de aprovechar al máximo el estudio de valoración de puestos de trabajo a efectos de retribuciones.

El mencionado informe también evidencia carencias observadas en la regulación del régimen disciplinario: posibilidad de acordar medidas cautelares, tipificación de infracciones, etc.; que dificultan la prestación del servicio a la ciudadanía.

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