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Sare insta al fin de la dispersión de presos y a derogar leyes de excepción

La red ciudadana Sare ha instado hoy al próximo Gobierno que salga de las elecciones del 26 de junio a que termine de «una vez por todas» con la política de dispersión y «derogue todas las leyes de excepción puestas en marcha» por gobiernos anteriores.

Así se ha pedido en una manifestación secundada por cientos de personas en las calles de Pamplona, a cuyo inicio los representantes del colectivo convocante, Aitor Etxeberria (en euskera) y Ainhoa Azkarate (en castellano), han denunciado en declaraciones a los periodistas minutos antes de comenzar la manifestación la «grave situación que viven los presos y presas vascas y sus familiares».

 También han pedido «a toda la ciudadanía navarra que se suba al tren de los derechos humanos y se convierta en un activo para acabar con la vulneración de los derechos humanos que padecen actualmente estas personas».

«El tren de los derechos humanos que hace unos meses Sare puso en marcha está recorriendo los barrios, pueblos y ciudades de Euskal Herria», han subrayado para añadir que persigue «el fin de la vulneración de derechos de las personas presas vascas».

Han recordado que hace ya «cinco años que ETA abandonó la lucha armada y, sin embargo, no se ha dado ni un solo paso para avanzar en la resolución del conflicto» y, han agregado, «el Estado español ha bloqueado todas las vías posibles».

La cabeza de la manifestación ha portado una pancarta con el lema «Stop dispertsioa: derechos humanos, resolución, paz» y, tras comenzar pasado el mediodía en la antigua Estación de Autobuses, la marcha ha recorrido el centro de Pamplona hasta finalizar en la plaza de la Libertad.

A la manifestación han acudido la cabeza de lista de EH Bildu al Congreso de los Diputados, Bakartxo Ruiz, el exdiputado de la misma formación, Sabino Cuadra, y el portavoz de Sortu en Navarra, Txelui Moreno.

Azkarate, una vez en la Plaza de la Libertad, ha denunciado que «la política de dispersión obliga a los familiares a viajar todos los fines de semana a miles de kilómetros para estar con sus seres queridos tan solo 40 minutos» y «obliga a menores de edad a perder clase y realizar viajes de más de 8 horas».

«Es una política criminal» que se ha llevado vidas de algunos familiares en accidentes de tráfico al ir a visitar a los presos, ha remarcado para incidir en que la política de dispersión es «contraria a la jurisprudencia europea», y ha destacado el dossier avalado por «100 juristas» que presentaron hace algunas semanas en el Colegio de Abogados de Vizcaya.

Azkarate ha considerado, finalmente, que es «momento de cerrar la puerta del sufrimiento y abrir las ventanas de la paz». EFE

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