El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor. EFE/Archivo
Vitoria, 19 mar (EFE).- El portavoz del PSE-EE en el Parlamento Vasco, José Antonio Pastor, ha denunciado hoy el «abuso» que hace el Gobierno de Mariano Rajoy del recurso de inconstitucionalidad para limitar el autogobierno de Euskadi y los derechos sociales.
El Gobierno anunció ayer que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Vivienda aprobada por el Parlamento Vasco porque considera que se invaden competencias estatales.
La Cámara de Vitoria aprobó en junio del año pasado esta ley que contempla la expropiación temporal de pisos a bancos y la imposición de un canon a viviendas vacías y que reconoce el derecho subjetivo a contar con un hogar, que será exigible en los tribunales.
La ley también incluye un aspecto controvertido que afecta al canon a las viviendas que estén vacías durante más de dos años y la decisión de que en el plazo de cinco años toda la vivienda pública en Euskadi se destine al alquiler.
A la espera de conocer el contenido completo del recurso, Pastor ha mostrado su sorpresa porque se cuestione la capacidad competencial de Euskadi para establecer un canon sobre los pisos deshabitados, «cuando es una figura que de hecho ya ha estado activa en algún territorio, como Gipuzkoa, y que la nueva Ley generaliza para toda la Comunidad con unos criterios homogéneos».
«Ese cuestionamiento solo puede obedecer a un intento de sacralizar la propiedad privada por encima del interés general», ha añadido.
El portavoz socialista ha considerado «llamativo» que se recurra una figura antes del desarrollo del reglamento que regule esas viviendas vacías, que defina con claridad y seguridad jurídica para sus propietarios cuáles serían considerados realmente pisos deshabitados y a que, previamente a cualquier tipo de tasas, se favorezca su puesta en el mercado y su uso social.
Por eso, ante este «recurso preventivo», Pastor insta al lehendakari, Iñigo Urkullu, a «alzar la voz para defender las competencias propias y a utilizar todos los recursos jurídicos para evitar que el Tribunal Constitucional suspenda la aplicación de la Ley».
