La secretaria de Empleo del PSOE, Luz Rodríguez, sostiene que el impuesto que su partido propone para pagar las pensiones, si gobierna, gravaría las rentas de trabajo y de capital, «todo y a todos menos el consumo», y sería progresivo para que paguen más quienes más tienen.
En una entrevista con Efe, Rodríguez precisa que se trataría de un impuesto «transparente y finalista», que todo lo que recaudaría iría a la caja de las pensiones, algo que sería inédito en España y que contaría con el respaldo de sindicatos y muchos grupos políticos que tienen propuestas similares.
Por ello, Rodríguez cree que la propuesta socialista «tiene visos de concitar el consenso en el Pacto de Toledo» que, en su opinión, hay que recuperar si se quiere hacer un modelo de pensiones fuerte, fruto de acuerdos políticos y sociales.
En este sentido, la responsable de Empleo acusa al PP de «vaciar» la caja de las pensiones para hacer «otras políticas» y asegura que si no se hubieran rescatado a los bancos, el Fondo de Reserva estaría en 60.000 millones, no en 39.000, «que se verán reducidos a 32.000 cuando los populares saquen los 7.750 millones anunciados para pagar la extra de Navidad de los pensionistas».
Asimismo insiste en que las reducciones de cotizaciones de los empresarios, avanzadas por el PP para la próxima legislatura si gobierna, «las pagarán los pensionistas» y calcula que la tarifa plana a los primeros 500 euros de los contratos indefinidos supondrá 2.500 millones de euros anuales que se dejarán de ingresar en la caja de las pensiones (10.000 millones en toda una legislatura).
La secretaria de Empleo del PSOE da un no tajante a un sistema mixto de pensiones (impulsando las de capitalización para que coexistan con las de reparto) y hace hincapié en que el problema de la Seguridad Social es que abundan los contratos temporales, de menos de 2 meses, con salarios muy bajos, lo que deriva en ingresos exiguos para el sistema.
Rodríguez cita como ejemplo que en los 8 primeros meses de este año, el número de cotizantes aumentó el 4 % mientras que los ingresos a la Seguridad Social se incrementaron el 1 %, y «eso pasa porque contratos temporales con bajos salarios se traducen en cotizaciones muy bajas».
La responsable de Empleo afirma que «la entrada de cotizaciones está en la fase más baja desde el año 2007» y promete, que si el PSOE gobierna, bajará diez puntos la tasa de temporalidad, del 24 % actual hasta llegar al 14 % de media que tiene la UE.
En concreto, Rodríguez explica que su partido propone dos contratos: uno indefinido para puestos de trabajo estables y otro temporal que no supere el año, «como mucho dos, si el convenio colectivo lo amplía», además de uno de formación.
También plantea poner un tope a la temporalidad por sectores que se fijaría en negociación colectiva y recuerda que en España la agricultura tiene una alta temporalidad (63 %), así como la administración pública (20 %), mientras que el sector de la automoción (13 %) está casi en línea con la media europea.
Según la propuesta socialista, las empresas que superen el límite que se les asigne serían penalizadas dado que, con el abuso de la temporalidad, sobrecargan los costes de protección por desempleo.
Por tanto, si generan más necesidad de protección por desempleo, deberán pagar más cotizaciones a la Seguridad Social, argumenta.
En cuanto a los salarios, Rodríguez aboga por aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde los 648,6 euros mensuales actuales a los 1.000 euros en los próximos ocho años, algo que haría de manera gradual y en función de la coyuntura económica.
En definitiva, según dice Rodríguez, el PSOE quiere «cambiar de raíz» las políticas activas de empleo y para ello apuesta por crear una Agencia Única de Empleo y Cualificación, que sustituya al actual Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE).
Rodríguez pide eficiencia en estos organismos y para ello considera necesario que las comunidades autónomas asuman la gestión de la protección por desempleo, para sumarla a la que ya ofrecen en políticas activas.
La dirigente socialista también es tajante con «suprimir todas las bonificaciones» salvo las que tienen que ver con la discapacidad o violencia de género e informa de que, según cálculos del partido, esto supondría 1.800 millones de euros.
Rodríguez considera que cuando las bonificaciones se generalizan dejan de tener eficacia y se convierten en «un peso muerto, incapaz de generar empleo».
Así, propone utilizar esos 1.800 millones en actividades de formación, en la nueva estructura de las políticas activas de empleo y en el plan de Garantía Juvenil, impulsado por el PP y que, a su juicio, nunca ha llegado a funcionar.
En relación con la derogación de la reforma laboral, promesa estrella del programa del PSOE, Rodríguez insiste en que hay «unanimidad absoluta» en el partido para abolir toda la reforma de 2012, recuperar el diálogo social y hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
Así, detalla que en el primer consejo de ministros de un eventual gobierno socialista se aprobaría un real decreto por el que se atajaría la inestabilidad en el empleo y se recuperaría la negociación colectiva.
El resto del contenido de la reforma laboral (como la recuperación de la causalidad del despido, la proporcionalidad, el coste del despido o la tutela judicial) sería objeto de negociación con los agentes sociales en el marco del diálogo social, porque «deben ser fruto del consenso y no de la imposición».
