Se trata de una transposición de la directiva europea ante la futura Unión Bancaria y que busca proteger al dinero público de la banca
El Ejecutivo ha regulado las medidas de resolución y recuperación de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. La portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que la norma avanza en el marco de la construcción de la Unión Bancaria europea y que fija las nuevas reglas para actuar de forma temprana y evitar el colapso de una entidad, así como su posterior resolución.
El dinero público será el último en entrar el rescate de un banco privado. Siete años después del estallido de la mayor crisis financiera de la historia, y tras el coste de decenas de miles de millones para el contribuyente, España tendrá nuevas reglas de juego para resolver rescate de entidades financieras.
Testamento en vida
Se trata así de evitar futuras crisis financieras en Europa y para ello las entidades deberán presentar al menos anualmente un ‘testamento en vida’, esto es, una hoja de ruta al supervisor en la que explique qué hacer para solventar problemas de una entidad. Así la entidad estaría lista para colapsar, pero sin salpicar a los demás.
«Los costes de resolución serán asumidos por los accionistas, los acreedores y por último, por el fondo común (…) El objetivo es garantizar la máxima protección para los depositantes. (…) Los depósitos cubiertos por el fondo y los no cubiertos tendrán prioridad concursal», dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
La norma garantiza los depósitos privados de hasta 100.000 euros, cantidad que estaría cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). A partir de esa cantidad, el depositante acudiría al concurso o liquidación del banco para recuperar su dinero.
Según cálculos de Efe, el objetivo es que en 2024 esté cubierto como mínimo el 0,8 % de los ahorros de hasta 100.000 euros (unos 6.400 millones en total) a través del fondo español. Al mismo tiempo se irá engordando el nuevo fondo de resolución europeo. En conclusión, la factura mínima para la banca española a ambos fondos asciende a un total de 11.700 millones
