Las cantidades fueron sufragadas con dinero público. El excopresidente Julio Fernández Gayoso se llevó 18,9 millones
Tres de los condenados tendrán que devolver 14 millones
La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de prisión a la antigual cúpula de Novacaixagalicia (NCG), entre ellos su excopresidente Julio Fernández Gayoso, por el cobro indebido de sus prejubilaciones millonarias, que ascienden a 14 millones de euros, cantidad que deberán restituir íntegramente al Estado a través del FROB, el fondo de rescate español.
Además de Gayoso, han sido condenados los exdirectivos José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán y el abogado Ricardo Pradas por un delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida, en su modalidad de gestión desleal, por los que la Fiscalía Anticorrupción pidió tres años de cárcel.
Según explican los magistrados, Novacaixagalicia, entidad nacida de la fusión de Caixanova y Caixagalicia, «valía 181 millones de euros» pero tuvo que «provisionar 29,9 millones y abonar más de 24 como consecuencia de los nuevos contratos de alta dirección» que se adjudicaron los condenados en 2010. La sentencia destaca que esa cantidad la puso íntegramente el FROB, organismo público que posibilitó que NCG subsistiera gracias al dinero público inyectado», que ascendió a 1.162 millones de euros, aseguran en su resolución, de 188 folios.
Precisamente, la sala considera que el fondo -es decir, el Estado- ha sido el verdadero perjudicado de los hechos, por lo que dictaminan que los condenados restituyan las cantidades que percibieron indebidamente a este organismo y no a NCG, que así lo reclamó en el juicio que culminó el pasado julio, en la que ejercía como acusación particular.
En concreto, Pego deberá devolver más de 8,5 millones; Gorriarán, más de 5 y Rodríguez Estrada, más de 200.000 euros. Al principio, también estuvo acusado el ex director general adjunto Javier García de Paredes, que percibió 5,6 millones, pero queda absuelto ya que en la vista Anticorrupción decidió retirar sus acusaciones porque intentó devolver el 40% de su indemnización, pero el comienzo de esta investigación lo impidió.
Mejoraron «intencionadamente» sus contratos pese a la situación del banco
La Audiencia Nacional argumenta que, pese a que los exdirectivos eran conscientes de la mala situación del banco, «mejoraron (tres de ellos) intencionadamente sus condiciones económicas para el caso más que probable por razonable, de su salida de la nueva entidad fusionada dada su gestión anterior, al querer prescindir de sus servicios los nuevos inversores que pudieran venir a hacerse carga de la entidad».
Todo ello fue posible con la «ayuda inestimable» de Fernández Gayoso y el abogado que asesoró en la elaboración de los contratos, que actuaron como cooperadores necesarios para que en ellos «se obviara» la legislación aplicable a la remuneración de altos directivos en entidades nacionalizadas «ignorando deliberadamente» las limitaciones que fija.
La sentencia, que es recurrible, les impone también el pago de una multa de diez meses con una cuota diaria de 250 euros y a una inhabilitación especial durante el tiempo que dure la condena para el empleo que desempeñaban cuando perpetraron estos delitos.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal condena además a estas cinco personas a una multa de diez meses con una cuota diaria de 250 euros y a una inhabilitación especial para el empleo durante el tiempo de la condena que desempeñaban cuando realizaron los hechos enjuiciados.