La Fiscalía Anticorrupción ha pedido penas de tres años de prisión para la excúpula de Novacaixagalicia, entre ellos su excopresidente Julio Fernández Gayoso, por el cobro supuestamente indebido de prejubilaciones millonarias, y que devuelvan los 18,9 millones que percibieron por este concepto.
El Ministerio Público acusa al exdirector general, José Luis Pego; al ex director general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; el exresponsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán; uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, y el abogado Ricardo Pradas, de apropiación indebida y administración desleal o, alternativamente, de estafa.
Además, en su escrito provisional de conclusiones, Anticorrupción reclama que devuelvan solidariamente a Novacaixagalicia las cantidades ilícitamente percibidas, que ascienden a 18.915.291,56 euros, el 29 % del valor atribuido a NCG antes de la segunda intervención del FROB.
De esa cifra, detalla, Pego cobró 7,7 millones de euros; García de Paredes 5,6 millones; Gorriarán 4,8 millones; Gorriarán Laza 4,8 millones y Rodríguez Estrada, 691.261 euros.
Por último, solicita que se les imponga una multa de 75.000 euros y que se les inhabilite para el ejercicio profesional de actividades relacionadas con el sector financiero o bancario y/o el ejercicio profesional.
Novacaixagalicia empezó su andadura el 1 de diciembre de 2010 después de recibir del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) una inyección de 1.162 millones de euros.
Según la Fiscalía, los directivos de Caixanova -Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán- acordaron, «movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial, introducir diversas mejoras económicas en sus contratos de alta dirección» que les garantizara «una cuantiosa liquidación y rentas vitalicias futuras» en el caso de que abandonaran la entidad tras la fusión.
Y ello lo hicieron en mayo de 2010, con la «colaboración de Fernández Gayoso y «con pleno conocimiento» de «la complicada situación financiera de ambas cajas y, lógicamente, de la entidad nacida tras su integración».
Los contratos fueron renovados «no sólo con las mejoras salariales», sino también con el reconocimiento de compromisos por pensiones, que, para el caso de que renunciaran, «podría repercutir en la solvencia de la nueva entidad».
