La consejera de Educación Irene Rigau y la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega, imputadas por la organización de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre del 2014, han comparecido este martes ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
La exvicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega, ha justificado ante el TSJC que el gobierno no paró la consulta sobre la independencia del 9N de 2014 porque, cuando el Tribunal Constitucional (TC) la suspendió cuatro días antes, la organización ya estaba en manos de la «sociedad civil».
Ortega ha insistido en que el 4 de noviembre ya no había nada que suspender porque el control de la Generalitat sobre lo que ha denominado proceso participativo ya había acabado.
En cuanto a la WEB que no cerraron bajo indicación del TC, Rigau ha dejado claro que, cuando el TC suspendió la consulta, no la cancelaron por su complejidad ya que se había alojado «en servidores situados en diferentes partes del mundo con el fin de dificultar ataques informáticos».
Ortega ha explicado que, cuando el TC suspendió la primera consulta convocada, ordena cancelarla, pero que luego lo que se inicia es «un proceso diferente»
Por su parte, la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, ha aseguradoque tiene la «conciencia tranquila» por organizar el proceso participativo del 9N, y ha defendido que no hizo nada negativo, sino que solo cumplió un mandato del Parlamento catalán.
Rigau ha recordado que la Fiscalía catalana rechazó en un inicio presentar cualquier querella sobre el 9N, pero finalmente lo hizo a instancias de la Fiscalía General del Estado: «Fue un cambio de criterio que no entendí». Además con rotundidad ha sentenciado «no desobedecimos», el gobierno se informó para conocer el alcance de los «recursos presentados al TC» contra el 9N y, tras hacerlo, «decidió seguir hacia adelante con el proceso participativo«.
«Cumplí con un mandato del Parlamento, de mi Parlamento», y ha asegurado que no se dio órdenes a los directores de los centros docentes para abrir los centros como puntos de votación, sino que sólo «se les informó de que podían ceder el espacio», ha concluido Rigau.
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