Se niega a responder a las acusaciones y afirma ante el juez que no desobedeció al TC
Rigau se desmarca de la organización del 9N y la atribuye solo a voluntarios
La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, se ha desmarcado hoy ante el juez de la organización del 9N y ha defendido que la consulta fue estrictamente montada por más de 40.000 voluntarios, que también se encargaron de gestionar los centros educativos que acogieron las urnas.
Según han informado fuentes judiciales, Rigau ha estado declarando esta mañana durante cerca de una hora ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Joan Manel Abril, imputada a raíz de la querella que presentó la Fiscalía por la consulta alternativa del 9N, en que se la acusa de los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.
La consejera de Enseñanza de la Generalidad ha asegurado que tiene la «conciencia tranquila» por haber organizado el 9N y ha defendido que no hizo nada negativo, sino que solo cumplió un mandato del parlamento catalán.
Irene Rigau ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) arropada por varios miembros del gobierno catalán y representantes de partidos y asociaciones independentistas. Entre ellos Francesc Homs, portavoz de la Generalidad, y Raúl Romeva, cabeza de lista de Junts pel Sí.
«Cumplí con un mandato del Parlament; de mi parlament», y ha asegurado que no se dio órdenes a los directores de los colegios para abrir los centros como puntos de votación, sino que sólo se les informó de que podían ceder el espacio.
La consejera ha justificado que no pararon la consulta porque no sabían exactamente qué preparativos ordenaba suspender el Tribunal Constitucional (TC).
Según han explicado fuentes judiciales, en una declaración de poco más de una hora la consellera ha explicado que ella no recibió la comunicación del TC, sino el presidente de la Generalitat el 6 de septiembre de 2014, pero no la consideraron una orden taxativa, con lo que siguieron adelante, y además presentaron un recurso de súplica preguntando qué se debía suspender en concreto.
Irene Rigau sí ha reconocido que se utilizaron ordenadores nuevos para la consulta, pero ha negado que se compraran expresamente para el 9N, sino que eran para uso docente de los centros educativos y que sólo se usaron «puntualmente».
En declaraciones a los medios de comunicación, la consejera de Enseñanza ha afirmado que no hizo «nada negativo» al participar en la organización de la consulta, que cumplió «un mandato democrático» del Parlament y aseguró que no desobedeció la interlocutoria del Tribunal Constitucional que suspendió el proceso de participación que finalmente se celebró, como alternativa a la consulta que previamente suspendió también el TC.
Como ya hiciera la propia Rigau y los otros imputados, Artur Mas y Joana Ortega, en su escrito de alegaciones a la admisión a trámite de la querella, la consejera de Enseñanza ha esgrimido como argumento que el TC no contestó cuando la Generalitat pidió al TC, el 6 de noviembre, que concretara qué actos quedaban suspendidos por su interlocutoria dictada dos días antes. Así, entiende que no hubo un mandato expreso del alto tribunal que prohibiera la consulta del 9-N. Por contra, la Fiscalía sostiene en su querella que la suspensión del TC fue «una orden absoluta, tajante e inequívoca» que no precisaba de aclaración ni precisión.
