Tras su esperada declaración del pasado martes, el caso «Rato» sigue adelante y se espera que el instructor, Antonio Serrano-Arnal, cite a nuevos testigos con el objetivo de recopilar más datos que aclaren si el exvicepresidente del Gobierno se enriqueció de forma ilícita y ocultó 6,5 millones a Hacienda.
A lo largo de esta semana, el juez ha interrogado a dieciséis testigos, en su mayoría antiguos y actuales empleados de Bankia y de las empresas de publicidad Publicis y Zenith, adjudicatarias de la campaña de publicidad del lanzamiento de la marca y de la salida a bolsa de la entidad.
Dos de ellos, sin embargo, cambiaron esta condición por la de imputado: el ex director de Comunicación Externa de Bankia Miguel Robledo, y una trabajadora de una de las empresas del presunto testaferro Alberto Portuondo, el único que ha ingresado en prisión.
Con ellos, el número de imputados se sitúa en once: Rato; su secretaria personal, Teresa Arellano; su gerente de confianza y presunto testaferro Miguel Ángel Montero; el abogado Domingo Plazas; Portuondo y cuatro directivos de las compañías, entre ellos la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, y el consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal.
Después de contestar a las preguntas del juez, de la fiscal y de su defensa, Rato abandonó en libertad los Juzgados de Plaza de Castilla, aunque con medidas cautelares, consistentes en la retirada del pasaporte y en la obligación de comparecer una vez al mes, lo que no le impedirá desplazarse por la Unión Europea.
Posteriormente, Rato avanzó que remitiría al Juzgado informes periciales que demostrarán que todos los bienes que ha tenido en el extranjero «tienen origen familiar» y han sido declarados «voluntariamente», y aclaró que no participó ni influyó «de ninguna manera» en la concesión a Publicis y Zenith.
