Un edil del PNV incumplió el pacto alcanzado por su ejecutiva y la del PSE/EE y no respaldó a la candidata socialista, Ane Karrere, la lista más votada, se hizo con la alcaldía
El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, recuerda en su escrito que la votación arrojó un resultado que «no coincide con el que habían acordado los grupos municipales», en relación al acuerdo entre PNV y PSE para que saliera elegido el candidato socialista, y «ninguno de los concejales reconoce públicamente haber cambiado el voto acordado por su grupo».
Por ello, considera que «procede iniciar una investigación para conocer lo que ha ocurrido y las circunstancias», y asegura que «no puede descartarse ninguna hipótesis». «Podría haber una motivación ilícita en el electo (prevaricación, cohecho etc.) o, incluso, haber obrado sin libertad y víctima de un ilícito penal (chantaje, amenazas etc.)», señala.
En este sentido, recuerda que Andoain es un municipio donde se ha sufrido «con especial intensidad el terrorismo» y donde «el chantaje y la amenaza han tenido especial incidencia en esa localidad». Asimismo, cree «difícilmente justificable legal y éticamente» que la elección de alcalde se realice mediante voto secreto de los concejales, lo que, «sin duda, favorece los casos de corrupción o engaño».
Calparsoro indica que esta situación ha supuesto una «tergiversación de la voluntad» de los grupos municipales y, «a través suyo, de la de sus electores». «Se ha producido la elección de una alcaldesa distinta a la que hubiera correspondido de haberse votado según lo aprobado por los grupos municipales», apunta.
Además, señala que el voto de un electo en contra de los aprobado por su grupo y actuando, «de manera subrepticia», puede obedecer «a varias causas o motivos», sin que se pueda descartar, a priori, «ninguna».
Por ello, considera que «procede iniciar una investigación para conocer lo que ha ocurrido y las circunstancias», y asegura que «no puede descartarse ninguna hipótesis». «Podría haber una motivación ilícita en el electo (prevaricación, cohecho etc.) o, incluso, haber obrado sin libertad y víctima de un ilícito penal (chantaje, amenazas etc.)», señala.
