El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dictaminado hoy que no sancionará a los 33 jueces que respaldaron la «consulta» catalana del 9N. Aquella consulta que finalmente se celebró como proceso participativo y libertad de expresión, haciendo así legal la ilegalidad a la que aludía el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Pues bien, hoy el CGPJ no sanciona a los jueces porque «están amparados por la libertad de expresión y de opinión», aunque sí los «censura» por defender la «consulta soberanista» con el argumento de que «Cataluña es una nación y esto no lo contempla la Constitución». Los dos razonamientos están amparados y contemplados por la Constitución. En un caso es de obligado cumplimiento y exime de culpa y sanción y en el otro se tiene en cuenta como reprimenda.
Además el CGPJ les acusa a los 33 jueces de «mermar la confianza de los ciudadanos con su labor». Algo que, parece ser, no está en la Constitución. Pero sí en las actitudes. Pero si de actitudes hablamos también las del CGPJ con sentencias de este calado pueden hacer tambalear la confianza de los ciudadanos.
Sea como fuere, se me antoja que aquí está ya el anticipo del dictamen a las querellas presentadas por la Fiscalía General del Estado, UPyD, Ciudadanos, Libres e Iguales etc… vayan por separado o sumen todas en una demanda y causa común,como se ha solicitado.
El hecho está en que el referendum catalán, después de meses y meses, se celebró. No como referendum ni consulta, si como proceso participativo con voluntarios y policía, amparado por el Estatuto catalán y la libertad de expresión.
Ahora, puesto en marcha la peonza, toca la reforma de la Constitución.
Directora NI
