El presidente de la Generalitat, Artur Mas, mantiene el «proceso participativo» convocado para el 9N y ordenará a los servicios jurídicos de la administración autonómica estudiar la posibilidad de emprender acciones legales por el «abuso de poder y de derecho» del Gobierno central, y para proteger las competencias de la Generalitat sobre participación ciudadana
Después de que tras el Consejo de Ministros se haya anunciado que se recurrirá la nueva propuesta del 9N ante el Tribunal Constitucional (TC), Mas ha afirmado que el Gobierno catalán completará el operativo de cara al proceso de participación, «que está prácticamente acabado».
Ha diagnosticado que los recursos del Ejecutivo central esconden su falta de capacidad política y demuestran que está «actuando con abuso de poder y de derecho porque está utilizando al TC de manera impropia», haciéndole desempeñar un papel que no le corresponde: resolver un asunto que debe solucionarse políticamente.
«¿Preguntar por la independencia está prohibido? ¿Al final nos prohibirán las encuestas y llegaremos al extremo más ridículo?», se ha cuestionado el presidente, que ha preguntado además al Estado si pedirá que se tape la boca de las personas, y ha reclamado en varias ocasiones una participación masiva.
Mas no ha querido entrar en detalles de sobre la «consulta», pero sí ha instado a los catalanes a movilizarse para dar una lección de democracia.
No obstante, ha destacado que todo la «logística«para hacer posible la votación están terminada, incluida la movilización de voluntarios y la adjudicación de sus funciones, la confección de urnas, y la impresión de las papeletas, que en cualquier caso estarán disponibles en los puntos de votación y no será necesario que los ciudadanos las impriman en sus casas.
«El proceso está plenamente en marcha», no va a frenarse, y, para conseguirlo, ha anunciado tres grandes medidas: la primera, acabar el operativo participativo, y la segunda, pedir a los servicios jurídicos de la Generalitat que estudien «acciones legales a emprender contra el Gobierno español por abuso de poder», que podrían materializarse la próxima semana.
Mas ha anunciado también que la convocatoria urgente de una reunión a principios de la próxima semana del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, el órgano que agrupa a partidos, instituciones y entidades partidarias del 9N.
En cuanto al operativo policial previsto de cara al 9N, será un dispositivo que ha calificado como normal; y sobre la recogida de firmas propuesta por ICV-EUiA y que acabará de perfilarse la próxima semana.
Lérida apoya la «consulta»
El Ayuntamiento de Lleida, gobernado por el PSC, ha aprobado, en pleno, una moción de apoyo al proceso participativo del 9 de noviembre. La moción plantea facilitar todos los recursos y las herramientas necesarias que sean requeridas por las instituciones «para realizar la consulta del 9N».
