La Fiscalía y los tribunales actuarán «en consecuencia» si la Generalitat sigue adelante con su plan de sacar las urnas a la calle el 9 de noviembre para votar por la independencia. Así lo ha asegurado el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Su departamento ha estudiado «todas las posibilidades de actuación hipotéticas» y está preparado para actuar en caso de que Artur Mas incumpla los mandatos constitucionales.
Según Torres-Dulce, si el presidente catalán celebra la consulta separatista el plan de la Fiscalía es «el Código Penal». «Tenemos todos los instrumentos del Código Penal para ponerlos en marcha», ha dicho, subrayando que este texto es el último recurso «para supuestos de ruptura de la convivencia».
Eso sí, ha precisado que el uso de esos «instrumentos» puede depender de lo que dictamine el Tribunal Constitucional, ante el cual el Gobierno prevé recurrir la convocatoria de la consulta. El TC, ha explicado, puede «simplemente» suspender la consulta o «establecer condiciones».
Así, si el TC incluye «obligaciones que hay que cumplir» puede dar lugar a un delito de desobediencia. Eso sí, ha recalcado que para ello hace falta que el alto tribunal haga requerimiento para que se cumpla su autoridad, y «de forma que todos aquellos que tengan que cumplirlo lo sepan con claridad». Torres-Dulce ha añadido que un delito de sedición sería «algo mucho más grave» porque «supone el desarme absoluto del Estado constitucional».
El fiscal no ha querido precisar cuáles son los escenarios hipotéticos sobre los que ha trabajado la Fiscalía, porque sería «especular» con posibilidades de «de corazón» desea que no se produzcan.
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