Ángela González, la mujer víctima de violencia de género cuya hija fue asesinada por su padre durante un régimen de visitas hace once años, ha asegurado sentirse «contenta» por la resolución de la ONU
La madre afirma también que se siente «triste y con pena» por tener que recurrir a organismos internacionales para lograr respuesta a casi medio centenar de denuncias por maltrato que había interpuesto antes de la muerte de la menor.
Ángela González en la SER, ha dicho sentirse «invisible, maltratada y humillada» por el Estado español pero asegura que «once años de lucha y de estacazo tras estacazo» han valido la pena «para obtener la razón en algo tan evidente y tan lógico como que este Estado se había equivocado».
A su vez, González ha lamentado y criticado al Juez al que ha denominado «señor» «un señor decidió, como si se tratara de un juguete, que se tenía que abrir el régimen de visitas por el interés del padre, un padre que aprovechó para matar a su hija».
Ahora dice Ángela González puede «seguir creyendo en la justicia, aunque no sea en la justicia de España» y ha recomendado a las mujeres víctimas de maltrato que «denuncien» aunque a ella no le sirvió «para nada». «Llegué a tener hasta tres medidas de alejamiento, puse denuncias por maltrato psicológico, agresión delante de un policía local, agresión en la carretera, y no salía absolutamente nada», se ha lamentado González.
Por su parte, Viviana Waisman, directora ejecutiva y co-fundadora de Women’s Link, la organización que interpuso la denuncia ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha resaltado la importancia de la resolución que ha calificado de «histórica» al ser la primera vez que se lleva al Estado español ante una instancia internacional en temas relacionados con violencia de género.
«La ONU reconoce que la negligencia del sistema judicial fue lo que llevó a la muerte a Andrea y da una oportunidad de mejorar el sistema judicial para dar una protección efectiva a casos de violencia de genero y se ponga el foco en la necesidad de proteger a los niños», ha indicado Waisman en la Ser.
Confía, además, en que esta resolución suponga «un punto de inflexión en cuanto a la responsabilidad los derechos y se aplique la ley sin estereotipos de género».
