UPyD pedirá que la Fundación Caja Madrid se persone como perjudicada en el «caso Bankia» para que pueda reclamar los 15,25 millones que 86 directivos cargaron a las tarjetas opacas de la entidad y que esa cantidad se destine para resarcir a accionistas de Bankia y preferentistas.
Según ha avanzado el letrado Andrés Herzog, UPyD estudia asimismo va a solicitar. al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que exija a Bankia que consigne judicialmente los 197.459 euros que han devuelto los cuatro exdirectivos de la entidad -entre ellos, Rodrigo Rato- que usaron estas tarjetas para que sean usados para hacer frente a la responsabilidad civil que pueda derivarse del proceso.
«Bankia ha gestionado por su cuenta la recuperación de un dinero que es consecuencia de los delitos; no es admisible que sea la primera en cobrar y que accionistas y preferentistas estén a la cola», ha resaltado Herzog.
Así, ha explicado que el lunes presentará un escrito en el que le reclamará también que emplace a la Fundación Caja Madrid a personarse como perjudicada en el caso para reclamar así la devolución de los 15,25 millones que cobraron los 86 consejeros de la entidad entre 1999 y 2012.
De conseguir recuperar esa cantidad, «lo menos que se puede pedir es que lo consignen a la cuenta y sirva para hacer frente a las responsabilidades civiles».
En el mismo sentido, ha considerado que también el FROB debería personarse como perjudicado, porque hasta ahora solo lo ha estado como interesado y por su parte solo se ha recibido el «silencio más absoluto».
«Cabe pedirle un poco de iniciativa», ha resaltado Herzog, que ha añadido que el fondo de rescate español «debería liderar la investigación».
Además, como ya avanzara ayer, UPyD reclamará al magistrado que cite a declarar como imputados a todos los consejeros y directivos implicados, especialmente el exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, «mano derecha» del expresidente Miguel Blesa y desde cuyo departamento se diseñó la operativa de las tarjetas opacas, según la Fiscalía Anticorrupción.
Para Herzog, los hechos podrían encajar en un delito de apropiación indebida, aunque ha apuntado que BFA y Bankia podrían haber cometido uno fiscal, pues no retuvieron las cantidades asignadas a sus directivos.
También quiere toda la información completa de los movimientos realizados con estas tarjetas, que se encuentran en un disco del que no se ha dado traslado a las partes.
De igual manera, UPyD exigirá al juez que les de cuenta de la quincena de operaciones irregulares que la propia Bankia denunció ante la Fiscalía Anticorrupción y que fueron incorporadas al «caso Bankia», y de las que solo tienen constancia los dos peritos designados por el Banco de España, que deben analizar la información para emitir una opinión.
Con todo, el letrado ha mostrado su convencimiento de que, «aun siendo cuantitativamente menos importante», el caso de las tarjetas «pueda dar un vuelco al procedimiento de Bankia» y se abra finalmente juicio oral a los imputados.
Además, ha avanzado que su grupo presentará una interpelación para exigir al Gobierno para que, a través del Ministerio de Economía y el FROB, investiguen las tarjetas y profundicen si esta práctica ha podido llevarse a cabo en otras entidades.
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