Congreso de los Diputados.
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Una diferencia de 28 votos en el Congreso de Diputados aprueba definitivamente la ley del aborto que incluye su práctica a niñas de 16 años sin permiso de los padres
185 votos a favor, 154 en contra y 3 abstenciones en el Congreso de los Diputados, han dado luz verde ala Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Incorporando las enmiendas del Senado, salvo la relativa al artículo 19.
Siete días después de que el TC desestimara la inconstitucionalidad del aborto, tras conseguir su renovación el pasado diciembre, el Congreso hoy ha dado via libre al aborto, también para niñas de 16 años.
La ley aprobada entrará en vigor tras, la publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Las niñas de 16 y 17 años podrán abortar sin consentimiento
La ley/norma aprobada hoy elimina el plazo de reflexión de tres días y la obligatoriedad de recibir información sobre recursos y ayudas disponibles en caso de continuar con el embarazo. Así mismo, modifica de la Ley Orgánica 11/2015, y otorga a las niñas «de 16 y 17 años su capacidad para decidir libremente sobre su maternidad, prescindiendo del consentimiento paterno o materno».
Asegura el aborto en todas las CCAA, la objeción de conciencia se registrará
La ley modificada regula la llamada interrupción voluntaria del embarazo en todas las CCAA en «términos de gratuidad, accesibilidad y proximidad».
La objeción de conciencia de los profesionales sanitarios (médicos, enfermeras, auxiliares, psiquiatras, psicólogos… ) será controlada con la creación de un «registro de objetores de conciencia«. Con el fin de garantizar «seguridad jurídica y el respeto del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo».
Penas de prisión
Se incluyen penas de prisión para los defensores de la vida y de la mujer que acuden a «rezar» y ayudar a las madres embarazadas que así lo deseen. Así lo recoge la disposición adicional del artículo 175 del Código Penal que pena con cárcel a las personas que «acosen de forma insistente y reiterada a través de un conjunto determinado de conductas».
Se obliga a las Administraciones Públicas a «garantizar el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo» y «evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar su voluntad» de interrumpirlo.
Eliminación de «roles sexistas»
El texto plantea también la «corresponsabilidad» de la anticoncepción mediante «la eliminación de roles sexistas».
Se impulsarán y reforzarán «campañas periódicas, siempre en formatos accesibles a personas con discapacidad, destinadas a la prevención de las infecciones de transmisión sexual». También recoge las «formas de violencia existentes en el ámbito de salud sexual y reproductiva de las mujeres».
Se incluye la «gratuidad de los productos de gestión menstrual en centros educativos», así como en «centros penitenciarios y centros sociales».
Se considera «incapacidad temporal» la «baja laboral en caso de menstruación incapacitante».
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