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28 votos en el Congreso aprueban el aborto que incluye a niñas de 16 años

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Una diferencia de 28 votos en el Congreso de Diputados aprueba definitivamente la ley del aborto que incluye su práctica a niñas de 16 años sin permiso de los padres

185 votos a favor, 154 en contra y 3 abstenciones en el Congreso de los Diputados, han dado luz verde ala Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Incorporando las enmiendas del Senado, salvo la relativa al artículo 19.

Siete días después de que el TC desestimara la inconstitucionalidad del aborto, tras conseguir su renovación el pasado diciembre, el Congreso hoy ha dado via libre al aborto, también para niñas de 16 años.

La ley aprobada entrará en vigor tras, la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Las niñas de 16 y 17 años podrán abortar sin consentimiento

La ley/norma aprobada hoy elimina el plazo de reflexión de tres días y la obligatoriedad de recibir información sobre recursos y ayudas disponibles en caso de continuar con el embarazo. Así mismo, modifica de la Ley Orgánica 11/2015, y otorga a las niñas «de 16 y 17 años su capacidad para decidir libremente sobre su maternidad, prescindiendo del consentimiento paterno o materno».

Asegura el aborto en todas las CCAA, la objeción de conciencia se registrará

La ley modificada regula la llamada interrupción voluntaria del embarazo en todas las CCAA en «términos de gratuidad, accesibilidad y proximidad».

La objeción de conciencia de los profesionales sanitarios (médicos, enfermeras, auxiliares, psiquiatras, psicólogos… ) será controlada con la creación de un «registro de objetores de conciencia«. Con el fin de garantizar  «seguridad jurídica y el respeto del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo».

Penas de prisión 

Se incluyen penas de prisión para los defensores de la vida y de la mujer que acuden a «rezar» y ayudar a las madres embarazadas que así lo deseen. Así lo recoge la disposición adicional del artículo 175 del Código Penal que pena con cárcel a las personas que «acosen de forma insistente y reiterada a través de un conjunto determinado de conductas».

Se obliga a las Administraciones Públicas a «garantizar el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo» y  «evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar su voluntad» de interrumpirlo.

Eliminación de «roles sexistas»

El texto plantea también la «corresponsabilidad» de la anticoncepción mediante «la eliminación de roles sexistas».

Se impulsarán y reforzarán «campañas periódicas, siempre en formatos accesibles a personas con discapacidad, destinadas a la prevención de las infecciones de transmisión sexual». También recoge las «formas de violencia existentes en el ámbito de salud sexual y reproductiva de las mujeres».

Se incluye la «gratuidad de los productos de gestión menstrual en centros educativos», así como en «centros penitenciarios y centros sociales».

Se considera «incapacidad temporal» la «baja laboral en caso de menstruación incapacitante».

Tramitación

El texto fue aprobado por el Congreso y enviado al Senado el 15 de diciembre de 2022, al haber sido aprobado el dictamen emitido por la Comisión de Igualdad añadiendo una enmienda de Junts, formación integrada en el Grupo Plural, una enmienda transaccional del Grupo Socialista, y una corrección técnica a la disposición final decimotercera.
Tras finalizar su trámite en el Senado, y al haber introducido enmiendas la Cámara Alta, la iniciativa ha regresado al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.
El Congreso ha aprobado por mayoría simple mantener en el texto resultante casi todas las enmiendas procedentes de la Cámara Alta.
El Senado aprobó un total de nueve modificaciones, de las que han quedado incorporadas al texto definitivo todas salvo la enmienda relativa al artículo 19 de la Ley Orgánica. En concreto, las modificaciones aprobadas adaptan a las lenguas oficiales de las comunidades autónomas los servicios de asistencia integral especializados, modifican el apartado b) del artículo 7 para que «los servicios públicos garanticen el enfoque antidiscriminatorio e interseccional en las circunstancias relativas a la lengua». También se modifica el apartado d) del artículo 7 bis incorporando el lenguaje inclusivo; y se introduce un cambio en el apartado catorce del artículo 17.5, añadiendo una referencia a las lenguas oficiales de las comunidades autónomas.

 

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