Asegura que ha quedado probado que cometió los delitos que se le imputan
El fiscal Jaime Moreno ha mantenido este miércoles en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo su petición de nueve años de inhabilitación para cargo público para el diputado de PDeCAT y exconseller de Presidencia de Cataluña, Francesc Homs, por la celebración de la consulta independentista del 9N de 2014.
En la sesión de este miércoles de la vista el fiscal Jaime Moreno ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y ha solicitado dicha condena para Francesc Homs al estimar que ha quedado probado en el juicio que cometió los delitos de prevaricación y de desobediencia grave al Tribunal Constitucional por la celebración de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
A su juicio, el denominado «proceso participativo» del 9N en Cataluña «no fue más que un desafío a la legalidad y un pulso al Estado de Derecho«. En su alegato final, ha asegurado que hay indicios suficientes para condenar a Homs por los delitos de prevaricación y desobediencia, ya que entiende que su actitud fue «abusiva, arbitraria, consciente y a espaldas» del alto tribunal.
Ha añadido que lo que se está analizando por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo «no es la intervención de los voluntarios ni la conducta de quienes en base a esa llamada acudieron a votar», sino cómo los gestores políticos de la Generalitat «se conciertan para hacer su propia voluntad frente a lo que ha establecido el máximo interprete de la Constitución».
Una medida cautelar del TC
«La democracia no es sino la sumisión de todos los poderes públicos a la ley», ha incidido el representante del Ministerio Público, que ha recordado que lo que hizo el Tribunal Constitucional fue dictar una medida cautelar, la suspensión de la consulta, mientras decidía sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre la constitucionalidad de la convocatoria.
«En definitiva, esa providencia priva a la comunidad autónoma de la competencia para celebrar la consulta mientras resolvía el fondo de esta cuestión», ha insistido en fiscal en referencia a la providencia dictada por el tribunal de garantías el 4 de noviembre de 2014. Dicha providencia se recibió por el Govern de Cataluña, pese a lo que se decidió no paralizar el proceso y realizar «actos de impulso» de la convocatoria, que se acabó celebrando.
El Ministerio Público ha recordado ante los magistrados de la Sala que no se analiza si la consulta era o no constitucional «que no es cuestión menor», sino que mientras Gobierno central y autonómico estudiaban su validez, el Tribunal Constitucional se pronunció y pidió su suspensión.
Para justificar la condena por desobediencia, el fiscal desmiente la versión de Homs de que no se le notificó la providencia ya que, en palabras suyas, dicho aviso se envió directamente al entonces president de la Generalitat Artur Mas, que ayer prestó declaración en este juicio en calidad de testigo.
El fiscal ha insistido en que «decir que quedaba en manos de voluntarios es prácticamente algo que no se sostiene por sí solo» y además ha descartado que la Generalitat hubiera vulnerado los derechos fundamentales de los catalanes suspendiendo el proceso –como sostiene Homs– sino que más bien lo que se vulneró fue el Estado de Derecho al saltarse la suspensión que pesaba sobre la consulta.
Por su parte, la abogada Eva Labarta, defensora de Francesc Homs, ha reclamado la absolución del acusado al considerar que no se ha probado que sea autor de dichos delitos. NAVARRA INFORMACIÓN/EFE
