Entrada de miles de ciudadanos de Marruecos en Ceuta. Captura X
IPSE exige a Sánchez revelar en 72 horas sus compromisos con Marruecos: «Ceuta y Melilla no son moneda de cambio»
El Instituto de Política Social (IPSE) ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que publique en 72 horas los acuerdos, anexos, actas y compromisos asumidos con Marruecos desde 2022 sobre seguridad fronteriza, aduanas, migración, el Sáhara Occidental, Ceuta y Melilla. Reclama además una auditoría parlamentaria independiente y la comparecencia urgente de Sánchez ante el Congreso.
La petición responde a dos hechos que el IPSE vincula políticamente: la corrupción en el antiguo núcleo de poder del PSOE y la presión de Marruecos sobre las ciudades españolas. Llega después de que el Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí acusara a las fuerzas españolas de «malos tratos y agresiones» durante la entrada masiva en Ceuta de los días 30 y 31 de julio.
«Un Gobierno debilitado por la corrupción de quienes ocuparon sus máximos puestos de confianza no puede administrar la soberanía nacional mediante silencios, documentos opacos y dependencia de Marruecos. Ceuta y Melilla son España, no una moneda de cambio para comprar unas semanas de tranquilidad en la frontera», ha declarado Pablo Hertfelder García-Conde, presidente del IPSE.
Una condena que impide hablar de «casos aislados»
El Tribunal Supremo condenó el pasado 22 de junio al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, y a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses, por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación en la contratación de mascarillas durante la pandemia. La sentencia fue dictada por unanimidad.
La Audiencia Nacional mantiene además una investigación sobre adjudicaciones de obra pública que afecta, entre otros, al también exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, a quien ampara la presunción de inocencia. Para el IPSE, la posición orgánica de Ábalos y Cerdán impide reducir lo ocurrido a colaboradores secundarios o desconocidos para Sánchez.
«Ábalos no era un intruso que se coló en el Gobierno: fue ministro de Sánchez y uno de los principales dirigentes de su partido. La responsabilidad penal corresponde a los condenados; la responsabilidad política, a quien los nombró, los sostuvo y pretende continuar como si nada hubiera ocurrido», ha afirmado Hertfelder.
El IPSE precisa que Sánchez no ha sido condenado en esa causa y sitúa su denuncia en el plano político: un Ejecutivo sometido a semejante erosión debe ofrecer más controles cuando negocia con un Estado del que depende parte de la seguridad fronteriza.
Marruecos eleva la presión y España debe responder
El informe marroquí se publica menos de dos semanas después del colapso fronterizo. A partir de testimonios de personas retornadas, atribuye abusos a agentes españoles y cuestiona a las autoridades ceutíes. Las acusaciones deben investigarse, pero no pueden aceptarse como hechos probados ni emplearse para desacreditar a la Policía Nacional y la Guardia Civil, sostiene el IPSE.
El presidente de la Cámara de Consejeros de Marruecos, Enaam Mayara, también ha calificado Ceuta y Melilla de ciudades «ocupadas» y ha hablado de su futura «liberación» mediante la negociación. Para el IPSE, España debe exigir una rectificación de Rabat e incluir la españolidad de ambas ciudades en toda futura declaración bilateral.
El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, advirtió el 6 de agosto ante el Parlamento Europeo de que la seguridad de Ceuta está en manos de un país que no reconoce la soberanía española. Esa dependencia, afirma el IPSE, es una vulnerabilidad estratégica.
«Marruecos no puede ser presentado como socio ejemplar mientras una institución oficial acusa a nuestros agentes, sus autoridades evitan reconocer nuestra soberanía y la seguridad de Ceuta depende de que Rabat decida controlar su frontera. Cooperación sí; subordinación, silencio y cesiones unilaterales, no», ha advertido Hertfelder.
Documentos, explicaciones y límites verificables
El Instituto no presenta como hecho un pacto para entregar Ceuta o Melilla, pues no existe un documento público que lo pruebe. Precisamente por ello reclama transparencia antes de nuevos compromisos con Rabat. La falta de información, el cambio sobre el Sáhara iniciado en 2022 y la dependencia migratoria justifican una fiscalización extraordinaria.
El IPSE exige al Gobierno:
- Publicar en 72 horas los acuerdos, anexos, actas y compromisos sobre Ceuta, Melilla, fronteras, aduanas, migración o el Sáhara, salvo información legalmente clasificada.
- Exigir a Marruecos una rectificación formal de toda declaración institucional que describa Ceuta y Melilla como territorios ocupados o negociables.
- Responder al informe marroquí, investigar lo que proceda y defender a los agentes frente a acusaciones no acreditadas.
- Crear una comisión parlamentaria que audite desde 2022 los costes, contraprestaciones y controles de la política con Marruecos.
- Incorporar el reconocimiento expreso de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla en toda nueva declaración política bilateral.
- Convocar elecciones generales si Sánchez se niega a publicar los compromisos asumidos, rendir cuentas o fijar límites inequívocos a Rabat.
«La corrupción degrada la autoridad interior; la opacidad debilita la posición exterior. España no puede negociar de rodillas ni permitir que su integridad territorial dependa de la supervivencia política de un presidente. Sánchez debe mostrar los documentos, exigir respeto a Marruecos y someterse al control de las Cortes. Si no puede hacerlo, debe marcharse y devolver la voz a los españoles», ha concluido el presidente del IPSE.
