Ejército de Tierra- Mº Defensa
NAVARRA INFORMACIÓN
ATME reclama una Comisión de Trabajo que garantice la participación de las asociaciones profesionales en la declaración de la carrera militar como profesión de riesgo
La asociación advierte que el personal que pertenece o ha pertenecido a Clases Pasivas no puede quedar fuera de la medida y recuerda que un proceso tan largo y complejo no puede desarrollarse al margen de quienes representan al personal militar
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha solicitado formalmente al Ministerio de Defensa la creación de una Comisión de Trabajo que permita abordar, con la debida transparencia y participación, el procedimiento anunciado para declarar la carrera militar como profesión de riesgo. Esta petición se formula después de que dicho anuncio -realizado de manera escueta por Defensa tanto en redes sociales como en el Pleno 26-1 del Consejo de Personal- haya generado una creciente preocupación entre el personal militar, especialmente entre quienes pertenecen o han pertenecido al régimen de Clases Pasivas, que podrían quedar excluidos pese a asumir idénticos riesgos y responsabilidades.
ATME subraya, además, que este reconocimiento no puede limitarse únicamente al personal actualmente en servicio. La asociación considera imprescindible que incluya también a quienes se vieron obligados a abandonar las Fuerzas Armadas debido al modelo de temporalidad que impera en ellas, particularmente en la escala de tropa y marinería. Miles de militares que sirvieron durante años en beneficio de la nación y de sus ciudadanos no pueden quedar relegados ni olvidados en un proceso que precisamente pretende reconocer el riesgo inherente a la profesión. Su tiempo de servicio, su aportación y las condiciones en las que desempeñaron sus funciones deben ser tenidas en cuenta con pleno derecho.
La inquietud existente se ve agravada por el hecho de que la Secretaría de Estado de Seguridad ya ha emplazado a las siete asociaciones con representación en el Consejo de la Guardia Civil a una primera reunión de trabajo en el mes de abril, con el fin de empezar a perfilar un futuro acuerdo sobre el reconocimiento de la profesión de riesgo para el Instituto Armado y la Policía Nacional. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa continúa sin convocar a las asociaciones profesionales militares, ignorando su papel representativo y manteniendo una ausencia de interlocución que resulta difícil de justificar en un proceso de esta relevancia.
ATME recuerda que un procedimiento de esta envergadura, que previsiblemente será largo y requerirá múltiples pasos administrativos y normativos, no puede desarrollarse sin la participación activa y continuada de las asociaciones profesionales militares, dado que son estas quienes representan de manera directa al colectivo afectado y quienes pueden aportar observaciones esenciales para garantizar que el resultado final sea justo y coherente con la realidad del servicio. La transparencia y el diálogo institucional no pueden limitarse a anuncios unilaterales, sino que deben articularse mediante espacios de trabajo que permitan un seguimiento real y documentado del proceso.
La asociación trasladó al resto de organizaciones representadas en el Consejo de Personal la conveniencia de impulsar esta solicitud de manera conjunta, sin que dicha propuesta tuviera eco. Esto, a juicio de ATME, refuerza la necesidad de que Defensa asuma su responsabilidad y habilite un cauce oficial de participación que no dependa de iniciativas unilaterales ni de la voluntad de terceros, especialmente cuando Interior sí ha entendido la importancia de abrir un espacio de diálogo estructurado con las asociaciones del Instituto Armado.
ATME reitera que la creación de una Comisión de Trabajo con participación de las asociaciones profesionales no solo permitiría recibir información oficial y periódica sobre el avance del proyecto, sino que también garantizaría que la voz del personal militar esté presente en todas las fases del proceso. La asociación advierte de que un reconocimiento tan relevante -donde parece que se pretende dejar al margen a colectivos como el personal adscrito a Clases Pasivas o quienes fueron apartados del servicio por la temporalidad- no puede tramitarse sin la necesaria representación de quienes han vivido y viven diariamente las condiciones de riesgo inherentes a la profesión. La participación no es una concesión, sino una obligación institucional cuando se trata de decisiones que afectan de manera directa a la vida profesional y al futuro de miles de militares.
