Vista aérea de Barcelona. Freepik.
El sector inmobiliario catalán rechaza la propuesta que pretende prohibir determinadas compras de viviendas en los municipios catalanes.
Las entidades firmantes de este comunicado consideran que esta medida no sólo no solucionará el problema de acceso a la vivienda, sino que generará efectos negativos tanto en la oferta de viviendas como en la asequibilidad de las mismas -la reducción de la oferta provocaría una escasez de vivienda que, a corto plazo, se traduciría en un incremento de los precios- y generaría aún más inseguridad jurídica, además de no adecuarse a nuestro ordenamiento jurídico.
El problema principal en la vivienda es la falta de oferta de toda tipología, y especialmente de vivienda en alquiler. La prohibición de adquirir viviendas para destinarlas al alquiler conllevaría una reducción significativa del propio parque de viviendas, afectando especialmente a las personas físicas, que representan más del 65% del parque de alquiler en Barcelona.
Legislar en contra de inversores, de potenciales compradores y del conjunto del sector, que son quienes nutren de oferta de vivienda en Cataluña, restringirá aún más el parque de viviendas, agravando el acceso a las personas más vulnerables y poniendo en riesgo uno de los objetivos sociales más importantes, como es el alquiler asequible.
Asimismo, la restricción a la compra de edificios enteros para su posterior venta frenaría la rehabilitación y renovación del parque residencial tan necesaria, impidiendo adaptarlos a estándares de habitabilidad y eficiencia energética, y contraviniendo las políticas europeas de regeneración urbana.
En un mercado de vivienda declarado como tenso la adquisición de un inmueble para destinarlo al alquiler —incluso si se trata de una única vivienda— ya se encuentra bajo unas condiciones de arrendamiento reguladas por la administración. Imponer una limitación general a la adquisición de viviendas o edificios para combatir algo que el propio régimen regulador ya impide, es desproporcionado.
Además, la propuesta planteada tendría un efecto inmediato sobre la inversión privada en el sector inmobiliario, desincentivando la compra y conllevando una disminución de la generación de viviendas, con consecuencias negativas directas sobre el parque inmobiliario y también sobre toda la cadena de valor vinculada al sector, motor fundamental de la economía que genera más de 400.000 puestos de trabajo y representa un 7% del PIB.
Desde el sector inmobiliario catalán instamos a los poderes públicos a apostar por políticas que incentiven la oferta de vivienda en colaboración público-privada, respetando el marco jurídico nacional y europeo. Las restricciones propuestas no sólo son ineficaces para incrementar la oferta de vivienda como ya se ha demostrado en otros lugares, sino que ponen en riesgo el acceso a la vivienda de la ciudadanía, así como también la actividad del sector y la generación de puestos de trabajo.
Instituciones firmantes:
Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC)
Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE)
Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida
Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y provincia
Consejo de Cámaras de la Propiedad de Cataluña
