NAVARRA INFORMACIÓN
El Defensor del Pueblo de Navarra sitúa la integración y la vivienda como “los retos más urgentes para la sociedad navarra en el corto plazo”
Así se expresó Patxi Vera este miércoles en el diálogo que mantuvo con Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, durante la celebración de la Ley 4/2000, de 3 de julio, que originó la Institución
El acto de celebración del 25 aniversario de la Ley 4/2000, de 3 de julio, que dio origen al Defensor del Pueblo de Navarra reunió este miércoles en el Parlamento de Navarra a cerca de 150 invitados. Entre todos ellos, destacó la presencia de algunos de los agentes sociales e institucionales más importantes y representativos de la Comunidad foral.
Ante dicho auditorio, el Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, situó la integración y la vivienda como ”los retos más urgentes para la sociedad navarra en el corto plazo”. “En la comunidad con mayor calidad de vida de todo el Estado no podemos permitir que haya gente durmiendo en la calle, sin alimento, sin educación o sin atención sanitaria”, comentó en el diálogo abierto que mantuvo con Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, desplazado a Pamplona para esta ocasión.
Un encuentro en el que Vera defendió la integración “por derechos humanos y por humanidad”. “Para quien considere que esto es solo buenismo, debería apoyarlo aunque solo fuera por interés porque la población navarra está enormemente envejecida. Nos necesitamos mutuamente”, añadió. Y, con respecto a la vivienda, Patxi Vera, al igual que hizo su predecesor, solicitó “un plan de choque” porque “no es un tema fácil”.
Asimismo, el Defensor del Pueblo de Navarra reclamó “una buena administración, porque los ciudadanos tienen derecho a ella y porque eso genera confianza en el sistema democrático, algo que hoy hace mucha falta”. También planteó la necesidad de “aprender a proteger los derechos en los nuevos ámbitos digitales, en especial ante la Inteligencia Artificial”. “Y divulgar los derechos y las libertades para que nadie se quede sin protección por desconocimiento”, resaltó.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, compartió gran parte de estas propuestas y planteamientos. En concreto, apuntó que su labor no consiste en situarse “ni contra ni frente a las administraciones, sino ante ellas”, en defensa de los derechos de la ciudadanía. Subrayó que la institución que representa camina “al compás de los pasos de la ciudadanía”, no como una entidad visionaria, sino con los derechos humanos como guía y espejo constante: “libertad, justicia y seguridad”.
Para Gabilondo, el verdadero sentido de su labor no se mide en el número de quejas tramitadas, sino en la capacidad de atender a quienes, sintiéndose lejos de la Administración, acuden al Defensor no como último recurso, sino en busca de una ayuda que no han encontrado por otras vías. En este contexto, otorgó un papel central a la palabra, entendida como instrumento de reconocimiento, reparación y respuesta. “Escuchar no es solo poner el oído —afirmó—, sino tomar medidas a raíz de lo que han dicho de ti”. Por ello, reivindicó la necesidad de formular resoluciones motivadas, argumentadas y justificadas, no solo desde la oficina del Defensor del Pueblo, sino por parte de todas las personas e instituciones con capacidad de decisión pública.
Gabilondo, además, indicó que el compromiso con los derechos humanos debe traducirse en hechos concretos y en una mirada inclusiva hacia las realidades más complejas de la sociedad actual. En este sentido, matizó que la palabra “integración”, aunque hermosa, le resulta insuficiente, y que prefiere hablar de “incorporación”, una noción que implica una verdadera inclusión activa de todas las personas en la sociedad.
Respaldo institucional
La celebración arrancó con unas palabras de bienvenida a cargo del presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde. “El trabajo de María Jesús Aranda, Francisco Javier Enériz, Patxi Vera y de todas las personas que han formado y forman parte de la Oficina del Defensor del Pueblo han contribuido a labrar el merecido prestigio y el buen nombre que esta institución ha alcanzado en la Comunidad foral”, dijo.
Hualde también elogió el papel de la institución como un instrumento clave de supervisión de la Administración y de defensa de los derechos frente a posibles abusos o negligencias. Así, opinó que “sus recomendaciones, advertencias y respuestas a quejas ciudadanas permiten mejorar la atención institucional y reforzar la confianza de la ciudadanía”. Y subrayó que, tanto el Defensor del Pueblo como la Cámara de Comptos, son ejemplo del buen hacer institucional derivado del autogobierno de Navarra. “Nuestra calidad democrática se sostiene en órganos como estos, que actúan como brújula y oráculo para preservar el interés general y fortalecer nuestra comunidad”, concluyó.
Posteriormente, María Jesús Aranda y Francisco Javier Enériz, predecesores del actual Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa recordaron los primeros hitos de la institución. Una entidad que, según los datos ofrecidos, ha atendido a lo largo de sus veinticinco años de trayectoria a más de 146.000 personas.
A partir de esa referencia, María Jesús Aranda rememoró que los inicios fueron «duros pero también apasionantes», y expresó su satisfacción por compartir el acto con su sucesor, Javier Enériz, con quien, junto al actual defensor, conforman la breve pero significativa lista de personas que han ostentado este cargo. «Es una institución con la que me siento muy implicada», insistió.
La clausura, por su parte, corrió a cargo de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, quien aseguró que el Defensor del Pueblo de Navarra es “una institución esencial para mejorar la calidad democrática y garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía”.
Chivite subrayó, por otro lado, su independencia política y su papel como instrumento de control y equilibrio entre poderes, destacando que su labor refuerza la confianza de la sociedad en las instituciones. Y aunque, según comentó, “ni es un juez ni dicta sentencias, su labor es necesaria porque coloca a la ciudadanía en el centro mismo de la acción política”. “Gracias a su trabajo, las personas se sienten más protegidas frente a la Administración y saben que tienen una vía para hacer valer sus derechos”, concluyó María Chivite.
