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No todo es extrapolable en política, una lección jurídica magistral, otra deleznable y algo insólito

Se cerró la semana pasada con la celebración de la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas que dieron un claro, aunque insuficiente, triunfo al partido de Marine Le Pen, Reagrupamiento Nacional (RN). Su 33’5 % de votos se impuso al 28’5% de la coalición de izquierdas, Nuevo Frente Popular (NFP), que lideraba Jean-Luc Mélenchon de Francia Insumisa (LFI) y al 22,1% de Emsemble (E), el partido del todavía presidente de la República, Emmanuel Macron. Este resultado dejaba un escenario para la segunda vuelta, celebrada este domingo, en la que no pocos daban por ganadora a la primera, que pedía el voto para su delfín, Jordan Bardella, candidato a primer ministro por RN. Pero esta segunda vuelta ha dejado en un “sueño de verano” lo que pudo ser y que algunos ya celebraban como propio por nuestras latitudes, antes de cazar el oso y sin tener en cuenta que no todo es extrapolable en política, sobre todo cuando hay tal diferencia entre los líderes. Y es que a las urnas, como a las escopetas, “las carga el diablo” y han dejado un resultado ciertamente sorprendente que dio como ganador al NFP, la coalición de izquierdas. A falta de conocer los resultados finales, sí sabemos ya que el “favorito” RN ha caído al tercer lugar y que se ha registrado una cierta recuperación del partido de Macron, que será el segundo en escaños en la nueva asamblea francesa. La primera consecuencia ha sido la dimisión del hasta ahora primer ministro de E, Gabriel Attal –un ejemplo para nuestro perdedor Pedro Sánchez– y la petición de Mélenchon a Macron de que proponga un primer ministro de NFP. Será interesante ver cómo se ponen de acuerdo, si se ponen, y los dos años venideros hasta las próximas elecciones presidenciales con un presidente que parece que no meditó bien el adelanto electoral tras su pataleta por la derrota europea.

No hubo sorpresa, salvo quizás por el abrumador resultado que dejaron, en la también adelantada llamada a las urnas en el Reino Unido, donde, como escribe Ramón Pérez Maura en El Debate: “El laborismo logra la mayor victoria en casi 200 años” –más del triple de escaños, 412 frente a 121–. El líder laborista, Keir Rodney Starmer, deja un primer mensaje que también podría servirla al perdedor Sánchez: “El país primero, el partido después”. Se cierra así un ciclo de 14 años conservadores, iniciado por David Cameron, con un batacazo mucho mayor que el anterior, de 18 años, de Margaret Thatcher y John Major, al que sucedió el también laborista Tony Blair. Se trata del peor resultado conservador de su historia. El Daily Mail destacaba el éxito del ultraderechista Nigel Farage –también conocido como Mr. Brexit– que llega por primera vez a la Cámara de Comunes con sus trece escaños de Reform U. K.

Volviendo a nuestro país que, aunque estemos en un mundo globalizado, es lo que nos atañe más de cerca, hemos visto ya el primer signo claro del “trilerismo” del presimiente y su banda, tras el “acuerdo” PP-PSOE para la renovación del Poder Judicial, después del apunte que ya había dejado el día siguiente de la firma el portavoz Pachi “Nadie” López. El aviso de que “una cosa es lo que propongan los vocales designados y otra lo que apruebe el Congreso”, me trajo a la memoria el debut en el hemiciclo, allá por 1910, del fundador del Partido Socialista antes Obrero y nunca Español, Pablo Iglesias Posse: “Nuestro partido respetará la legalidad siempre que ésta nos permita alcanzar nuestros objetivos, si no, actuaremos fuera de la legalidad”. Exactamente, lo que viene haciendo el actual secretario general de ese partido camuflado en sus decretos ley o colonizando instituciones como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el Centro de Invenciones Sánchez, antes CIS y algunas más.

También hemos tenido en esta semana dos actuaciones judiciales muy diferentes, una de un auténtico órgano jurisdiccional, el Tribunal Supremo, y otra de uno que aspira a ser el órgano de Casación del primero, el Tribunal Constitucional, que cada día se hace más merecedor de que ese segundo término se convierta en lo que un conocido comunicador de las mañanas radiofónicas bautizó hace tiempo como “Prostitucional”. El lunes, el juez Manuel Marchena, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dictaba un auto de 61 páginas, en lo que parece una jugada maestra que ha dejado descolocado al desgobierno y sus socios que parece que se habían olvidado de las leyes no las aplica el gobierno sino los jueces. En esencia viene a decir que ni se aplica de manera inmediata la impunidad judicial como quiere el gobierno ni se presenta una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Marchena interpreta la aberrante ley de amnistía y sus gateras para decir que no se aplica en los delitos que no son amnistiables, como es la malversación, mal uso de recursos públicos que el Supremo entiende que sí hubo, al estimar que se produjo “enriquecimiento personal por parte de los golpistas” ya que el dinero utilizado no salió de sus bolsillos, por lo que “el beneficio personal de carácter patrimonial es innegable”, añadiendo que “también hubo perjuicio para los intereses financieros de la Unión Europea”, porque los separatistas intentaron segregar Cataluña de España, poniendo en peligro la estabilidad financiera de España y, por tanto, los ingresos de España a la UE. Así, el juez mantiene la euroorden de detención contra Carlos Puigdemont y la inhabilitación de Oriol Junqueras, dos personajes que se reunían el pasado domingo en Waterloo, supongo que no para ir juntos a misa. Es decir, que, por el momento, el fugado se queda sin amnistía y el indultado sin posibilidad de ocupar puesto público alguno y a ver cómo acaba el cisma de ERC y los apoyos al gobierno socialcomunista. Al respecto de esta situación, Alberto Núñez Feijoo dejaba su mensaje: “El gobierno se ha dedicado a contentar a sus socios. Mientras los gobiernos del Partido Popular se han dedicado a servir a todos los ciudadanos, el gobierno no ha sido capaz de aprobar sus presupuestos y sólo ha tenido mayoría para aprobar una ley, que por lo que se ve, ni siquiera saben hacerla”. Por su parte, los corifeos sanchistas y su vocero principal, El País, se aprendieron el nuevo mensaje de Producciones Moncloa: “Algunos magistrados por ahí están por reventar el Estado de Derecho. Es una arbitrariedad. No aplican la ley. No aplicar la ley es muy grave”, sobre todo si el posible perjudicado es del clan socialista o asociado.

Por su parte, sigue la deriva del Tribunal Constitucional, trufado de excargos socialistas, que obedecen a su amo y desmontan a su antojo el mayor caso de corrupción de la Unión Europea, el de los ERE, con el que desaparecieron casi 700 millones de euros para establecer una red clientelar que mantuviera en el poder al PSOE de Andalucía. El polvo del camino con el que su actual presidente, Cándido Conde Pumpido, se manchaba la toga es hoy un lodazal que inunda todo el aparato sanchista, auténtica fábrica de fango. El  martes una nueva sentencia correctora de las del Tribunal Supremo, dejaba en libertad al exdirector general de la Agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, que sigue los pasos de la exconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, exonerada la semana pasada por el mismo TC y abre el camino a José Antonio Griñan y Manuel Chaves, que se anuncia para el próximo 19 de julio. Están exultantes determinados líderes socialistas, como el andaluz, Juan Espadas: “Se cae toda esa construcción y esa teoría del complot, y toda esa teoría de una trama organizada para malversar fondos públicos, todo eso, lo destroza la sentencia del Tribunal Constitucional y dice que no fue así y que no es cierto” o la portavoz en la asamblea de Sevilla, Ángeles Ferriz, que se atrevía con esto:  “el gobierno andaluz de Juanma Moreno es un gobierno ilegítimo porque ganó las elecciones haciendo campaña basándose también en los asuntos de los ERE y además apoyado por la extrema derecha”. Unas actuaciones que han hecho dudar a Núñez Feijoo de la calidad democrática del TC y a lo que el pluriempleado ministro Félix Bolaños, de Justicia entre otras carteras, para más inri, decía que: «Esta cacería del PP contra el Tribunal Constitucional le sitúa fuera del sistema institucional, que es lo que hacen los partidos de ultraderecha, y es muy preocupante para nuestra democracia». Lo dice la portavoz de un partido cuyo líder nacional llegó a la presidencia del gobierno por una “morcilla” en una sentencia del caso Gürtel, que luego hubo que retirar porque era falsa, con una moción de censura apoyada por BILDU, el partido de los antiguos asesinos de ETA, los golpistas catalanes de uno y otro signo y la extrema derecha vasca. Lo cierto es que, con estos precedentes, no tardarán en reclamar su exoneración los condenados por otro de los grandes casos de corrupción socialista, esta vez en Asturias, el Caso Marea, que a finales de 2019 recibieron condenas de hasta cinco y nueve años de cárcel,  inhabilitaciones de hasta diez años y multas de 1’9 millones de euros, alguno.

Por cierto que este próximo 19 de julio va a ser un día importante para el sanchismo, ya que para esa fecha se ha programado también el nuevo interrogatorio de la investigada Begoña Gómez, después de que su comparecencia del pasado viernes ante el juez Juan Carlos Peinado se suspendiera por haber alegado desconocer la querella de la organización Hazte Oír que le fue comunicada ese día. Según decía su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho y recogía uno de los pseudomedios sanchistas: “En más de 30 años de ejercicio profesional no había visto nada igual». A lo que un buen amigo jurista me comentaba esto por WhatsApp: “Si no lo ha visto nunca ni mucho, es que ha ejercido muy poco”. Así la defiende el antes citado ministro “tres en uno”, Félix Bolaños: “Hoy ha quedado patente la gravísima indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, que ni sabe de qué se le acusa. Algo normal porque no hay nada de qué acusarla. Pero es que los acontecimientos que han sucedido creo que ponen de manifiesto también algo: es tan clara la indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, es tan claro que no hay nada de nada, que si este proceso judicial continúa, será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende”. Amén.

Lo cierto es que el panorama que se cierne sobre Moncloa y provoca nerviosismo por allí se complica con las nuevas aportaciones que vamos conociendo, como que “Begoña Gómez contrató de forma verbal, por lo tanto irregular, a la empresa que acabó de diseñar el software que le regalaron Telefónica, Indra y Google para su máster”, según informaba El Mundo. También, en este caso era El Confidencial el que lo publicaba, que “Begoña Gómez utilizó a su asistente en Moncloa, que es una funcionaria pública, pagada con sus impuestos y los míos, para hacer las gestiones privadas de su Máster”. Por cierto que, a propósito del interrogatorio  a la mujer del presimiente, Álvaro Nieto publicaba en The Objective un serie de sesenta y dos preguntas, mientras Esteban Urreiztieta dejaba otras cinco en El Mundo: Yo creo que una buena pregunta sería para que explicase qué actividad “profesional” ejercía doña Begoña Gómez antes de que su marido accediera torticeramente a la presidencia del gobierno. Lo que parece que no se va a conceder es la petición de la investigada de que no se grabe en vídeo su testificación “por su relevancia social”. Algo que entiendo que no guste en Moncloa, pero que forma parte del procedimiento y que se ha hecho, por ejemplo, cuando Mariano Rajoy compareció como testigo –y con otros como la hermana del Rey, Rodrigo Rato, etc.–, muy distinto a como lo hará la señora Gómez, que va como investigada. Recordemos cuando el PSOE, respecto al citado Rajoy decía que “cuando un ciudadano es llamado a declarar como testigo, no se pueden hacer distinciones con respecto a otros”. Pues si no se pueden hacer distinciones con un testigo, mucho menos con una imputada, aunque ahora se llame investigada.

Pero siempre nos quedará la declaración “tranquilizadora” de Fray Perico Felónez el Cambiante, al más puro estilo marxista, de Groucho Marx, claro: “Los progresistas estamos en el poder porque somos capaces de adaptar nuestros principios a las circunstancias”. Todo por su único objetivo, perpetuarse en la Moncloa como sea.

Antonio De la Torre,  licenciado en Geología, técnico y directivo de empresa. Analista de opinión.

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