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Datos garrafales hemos conocido hoy, también en febrero, de la gestión del gobierno en esta crisis por el coronavirus. Aumenta el paro en España con 5 millones de parados incluyendo los 900.000 parados en ERTE y son 30.211 trabajadores menos, los afiliados a la seguridad social.

Mal dato económico, social y familiar y se atisba un futuro negro e incierto, unido al poder en un estado de alarma que padecemos desde la toma de posesión de Sánchez y su gobierno en enero de 2020.

Resulta que ahora nos enteramos que el gobierno ha mantenido bloqueado un informe del Consejo de Estado que critica los mecanismos que ha establecido el gobierno para repartir los fondos europeos destinados a España. Esos que se aprobaron en el Congreso gracias a Bildu y Vox.

Y la primera de los cuatro vicepresidentes, la señora Calvo, menosprecia e interpela a dicho Consejo espetando que su dictamen es consultivo y “para nada vinculante”.

Asistimos, una vez más, al totalitarismo de un gobierno que desprecia a todos los que no le siguen el juego y a una oposición que ve cómo, un día sí y otro también, su acción política no sirve para nada.

Todo ello, mientras los ciudadanos se sienten indignados ante el anuncio de manifestaciones por el 8M este 2021, después de lo ocurrido el año pasado, cuando el Gobierno se empeñó en celebrar el acto poniendo en riesgo la salud de la población, pese a que ya había datos sobrados de la crisis sanitaria y contagios.

Puro esperpento. Se permiten estas manifestaciones y el resto de otras celebraciones no, véase Semana Santa.

Y mientras Pedro Sánchez decía que no se habían hecho las cosas bien, en la famosa “desescalada”, el pleno del Consejo General del Poder Judicial rechazaba el proyecto de la llamada Ley Montero y aprobaba por unanimidad la ponencia elaborada por los vocales Roser Bach, Juan Manuel Fernández y Pilar Sepúlveda, que cuestiona los puntos clave del anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual como el ‘sólo sí es sí’ y considera que se vulnera la presunción de inocencia del investigado.

En cualquier otro país ese proyecto de Ley ya habría sido retirado o su promotor hubiera presentado la dimisión o se le hubiera cesado.

Y si, como dice Sánchez, no se han hecho las cosas bien… ¿No se deberían asumir las responsabilidades oportunas?

Quiero aprovechar estos minutos para transmitir todo mi cariño a la familia de Rafael Gurrea fallecido esta semana. En especial a su mujer, María Pilar, y a UPN.

Una institución política en Navarra y en el ámbito público. Con un gran significado y trabajo en la defensa de Navarra, su identidad, sus personas y gobierno.

Mis primeros pasos en la política fueron a su lado y siempre permanecerá su recuerdo.

Seguiremos, hasta la próxima semana.

Nieves Ciprés, periodista

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