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Cuando, hoy 23 de febrero, se celebran los 40 años del golpe de estado en España, varios temas encontramos pululando en el ambiente actual y político.

Ahora el PP, sí está dispuesto a negociar con el PSOE el nombramiento de los jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o RTVE… Porque, alegan, ya debería estar hecho.

Y ahora -al parecer- la única condición popular, es que Podemos no esté en la negociación. Sí seguirán en el Gobierno de coalición con Sánchez y, quizá, alguno, “cuele”, eso sí, sin carnet morado,

Se ve que prima conseguir representantes judiciales. Ya en 2013 se incorporaba a la negociación a CiU y PNV, y obtenían un representante cada uno. Hoy, el recién llegado, Vox, también quiere y ya ha anunciado estar abierto al reparto.

Mientras Ciudadanos se mantiene, no entra y vuelve a presentar la Ley de independencia judicial.

Sea como fuere, la negociación coincide con la violencia callejera vivida en distintas localidades españolas. Por la libertad de expresión de un rapero, dicen, cuando se saquea, se cometen actos vandálicos, se ataca a los policías y se maltrecha la convivencia de los ciudadanos.

Libertad de expresión que, más bien, está siendo ultrajada. Y es que hay que admitir, la libertad es responsabilidad y la de uno termina cuando empieza la del otro.

Y una violencia callejera apoyada y amparada por el partido cogobernante con el PSOE, que elude  la condena de los disturbios.

Mientras el presidente Sánchez afirmaba, tres días después, que “la democracia nunca jamás ampara la violencia”. Sin más. Sin condena de la violencia y sin apoyo expreso a la Policía y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Y esta situación no es nueva. Recordamos aquellos años cuando la lucha callejera o “kale borroka” batasuna y etarra campaba por sus respetos en las 3 provincias vascas y en Navarra, con el apoyo de la ilegalizada Batasuna y el PNV, de forma directa unos y de forma velada otros.

Con distintos actores, pero la misma situación. Aunque hay una gran diferencia. Hoy un partido que gobierna alienta la violencia, la destrucción y el caos.

Uno se pregunta ¿Qué tiene que pasar para que Podemos salga del Gobierno, para que se rompa la coalición? ¿Qué tiene que pasar para que incluso sea ilegalizado? Porque no olvidemos que la Ley de Partidos sigue vigente.

Y con la libertad hemos topado.

En Navarra, continúa la obsesión izquierda-nacionalista de impedir la libertad de Educación; la libertad de elección de los padres para matricular a sus hijos en el centro educativo que quieran; la libertad de una educación de niños y niñas o la desaparición de la asignatura de Religión católica rebajándola a la mínima expresión.

Para ello, los grupos del gobierno Bildu, Geroa Bai, Podemos, IU y PSN han votado a favor de incluir la Ley Celaá en la Ley foral.

Entre tanto, el presidente de UPN, Javier Esparza, defendía, la foralidad de Navarra, la única que puede permitir su pleno desarrollo. Hoy olvidada por los partidos del gobierno, preocupados por practicar el seguidismo en sus actuaciones políticas. Seguidismo que olvida la singularidad navarra, ante el nacionalismo vasco o el mismísimo socialismo.

No viene mal recordar este aspecto a la población navarra. Como tampoco viene mal que UPN recupere su luz propia, que parece apagada en una coalición, Navarra Suma, formada por dos partidos de ámbito nacional, PP y Ciudadanos, que, a veces, olvidan su débil representación e implantación en Navarra.

Seguiremos… Hasta la próxima semana

Nieves Ciprés, periodista

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