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Aprobado el dictamen en relación con la proposición de Ley Foral sobre medidas a favor del arraigo empresarial y contra la deslocalización empresarial
La Comisión de Desarrollo Económico y Empresarial ha aprobado hoy el dictamen en relación con la proposición de Ley Foral sobre medidas a favor del arraigo empresarial y contra la deslocalización empresarial.
La proposición de Ley impulsada por EH Bildu -ampliamente enmendada por PSN, Geroa Bai y Podemos Ahal Dugu– tiene por objeto “hacer frente a los procesos de deslocalización garantizando que las subvenciones que reciben las empresas desde el sector público de la Comunidad Foral sean para realizar una aportación económica y social al desarrollo de la misma”.
La proposición de Ley resulta de aplicación a las empresas con centro de trabajo en Navarra y a las fundaciones y asociaciones que, habiendo obtenido también ayudas del Gobierno, operan en el ámbito empresarial.
No obstante, y como criterio general, se dejan fuera del ámbito de esta Ley la subvenciones tendentes a fomentar actividades de I+D+i cuya finalidad sea «mejorar la competitividad o la transferencia del conocimiento». Ello sin perjuicio de que en las bases reguladoras de cada convocatoria el departamento competente pueda establecer las obligaciones que estime oportunas en función de la actuación específica que se pretenda impulsar. La enmienda de PSN y Geroa Bai que así lo dispone ha prosperado con el respaldo añadido de I-E, las abstenciones de Navarra Suma y Podemos y el voto en contra de EH Bildu.
En este punto y tras suprimirse el artículo cuarto de la proposición de Ley, donde se detallaban las circunstancias que, a juicio del proponente, debían concurrir para poder hablar de deslocalización, la Comisión ha resuelto acotar el término “reducción significativa de la actividad” a la merma del personal “a menos de la mitad, siempre y cuanto afecte al menos a 25 trabajadores”. Para los cálculos oportunos se atenderá al “promedio de la plantilla en los dos años anteriores”, tal y como se recoge en la enmienda de PSN y Geroa Bai aprobada con la abstención del resto.
Bajo esa premisa, las obligaciones y las limitaciones de las empresas que perciben ayudas se vinculan a la asunción del compromiso de no incurrir en deslocalización, imperativo que el Gobierno deberá recabar mediante su inclusión entre el contenido mínimo de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones. De producirse, la declaración de deslocalización empresarial, que podrá iniciarse en el plazo de los cuatro años siguientes a su consumación, se realizará por Acuerdo del Gobierno, a propuesta del departamento competente en materia de Desarrollo Económico y Empresarial.
La declaración de deslocalización empresarial supondrá la obligación de proceder al reintegro de las subvenciones percibidas en los últimos ocho años -con un recargo del 20%-, más el interés de demora devengado desde la fecha de recepción de cada cantidad. El Gobierno determinará reglamentariamente el procedimiento de abono. Por tanto, se reduce de 10 a 8 años el alcance de la reclamación y se sustituye la imposibilidad de presentarse a nuevas subvenciones durante 10 años por el desembolso de un recargo que, a juicio de PSN y Geroa Bai, titulares de la enmienda, “casa mejor con los objetivos en materia de arraigo y deslocalización”. Podemos-Ahal Dugu ha apoyado la nueva redacción del artículo 7, mientras Navarra Suma, EH Bildu e I-E se han abstenido.
Lo dispuesto en la presente proposición de Ley, para cuyo desarrollo reglamentario se otorgan seis meses al Gobierno, gozará de retroactividad en su aplicación a las ayudas públicas, siempre que “la deslocalización se produzca a partir de la entrada en vigor de esta norma y no hayan transcurrido ocho años desde la concesión de la subvención”. El recargo, sin embargo, “sólo se podrá repercutir a las subvenciones que se concedan a partir de la entrada en vigor de la Ley”. La enmienda de PSN y Geroa Bai que así lo explicita ha salido adelante con el voto en contra de Podemos-Ahal Dugu y las abstenciones de Navarra Suma, EH Bildu e I-E.
Según se apunta en la exposición de motivos, los procesos de mundialización y globalización de la economía favorecen la deslocalización de empresas que, en su afán de incrementar beneficios, ponen rumbo a Estados caracterizados por “legislaciones laborales poco desarrolladas en materia social, salarios más bajos y normas flexibles en materia de conservación del medio”.
Ante esa tesitura, se concluye que “el Gobierno está obligado a arbitrar los medios necesarios para hacer frente a las consecuencias que esta situación genera. La competitividad pasa por políticas públicas que favorezcan la creación de empleo estable sujeto a condiciones laborales dignas”.
En el transcurso del debate efectuado en Comisión se han aprobado 11 de las 26 enmiendas discutidas (5 de PSN y Geroa Bai y 6 más de estos con Podemos-Ahal Dugu), gran parte de ellas centradas en precisiones técnicas, ordenación del articulado y mejoras técnicas de la redacción, incluida la modificación del título y la exposición de motivos.
Una vez dictaminada, la proposición de Ley Foral sobre medidas a favor del arraigo empresarial y contra la deslocalización empresarial será elevada nuevamente a Pleno para su definitivo debate y votación. El visto bueno a su toma en consideración lo otorgó la Cámara el pasado 17 de septiembre.
A la sesión, presidida por María Solana (G.P. Geroa Bai), han asistido, además, Carlos Pérez Nievas, María Jesús Valdemoros, Juan Luis Sánchez de Muniáin, José Suárez, Pachi Pérez, Maribel García Malo (G.P. Navarra Suma), Ainhoa Unzu, Jorge Aguirre, Virginia Magdaleno (G.P. PSN), Mikel Asiain (G.P. Geroa Bai), Arantxa Izurdiaga, Laura Aznal (G.P. EH Bildu), Mikel Buil (A.P.F. Podemos-Ahal Dugu) y Marisa de Simón (G.P. Mixto Izquierda-Ezkerra).
