La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pool Moncloa/JM Cuadrado
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El Consejo de Ministros ha aprobado 16.000 millones para la reconstrucción post coronavirus, principalmente destinados a la Sanidad y la Educación
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se crea el Fondo COVID-19 de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas, con el que se financiarán los gastos derivados de la pandemia, en especial en el sistema sanitario, se incrementarán las partidas en educación, se compensará la caída de ingresos fiscales y se garantizará la prestación de servicios públicos esenciales.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha subrayado que este fondo supone la mayor transferencia de recursos del Gobierno a las comunidades realizada hasta ahora, al margen del sistema de financiación, y que se trata de un fondo no reembolsable: «No tendrán que devolver el dinero, no va a incrementar su deuda pública ni va a generar intereses a abonar al Estado español.
Montero ha incidido en que el fondo refleja la apuesta del Gobierno por la sanidad y la educación como piezas angulares del crecimiento y del bienestar social, con independencia de cuál sea la administración que ejerza esas competencias: «Sin una sanidad fuerte, pública, universal; sin un sistema educativo que responda a las necesidades de nuestra sociedad, no avanzaremos en la recuperación que necesitan España y Europa».
Asimismo, ha dicho, pone de manifiesto que el Gobierno cree firmemente en el Estado de las autonomías y las dota de recursos.
Criterios de reparto
María Jesús Montero ha avanzado que más de la mitad del fondo, 9.000 millones de euros, se destinará a gasto sanitario para reforzar las plantillas y los sistemas de salud con el objetivo de que estén en condiciones de actuar de forma temprana ante la aparición de cualquier nuevo brote de coronavirus; 2.000 millones cubrirán las necesidades del sistema educativo y 5.000 millones compensarán la caída de la recaudación de los impuestos propios de las comunidades y la caída de viajeros en su transporte público.
El fondo se divide en cuatro tramos. El primero, de 6.000 millones, se abonará en julio y se repartirá en función de la incidencia del virus en los territorios: ingresos en UCI, pacientes hospitalizados, PCR totales realizadas, así como población protegida equivalente. Se tomarán como referencia los datos a 30 de abril.
El segundo tramo contempla los 3.000 millones restantes de gasto sanitario. Se repartirán en base a los mismos parámetros pero con diferentes ponderaciones y a 31 de octubre.
El tramo de 2.000 millones reservado a la educación se abonará en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. En este caso, el 80% del importe se distribuye en función de la población de 0-16 años de cada comunidad, y el 20% restante por el número de habitantes de 17 a 24 años. Es decir, este 20% va más dirigido a cubrir las necesidades de la educación universitaria.
El cuarto tramo, dotado con 5.000 millones de euros se dividirá en dos: 4.200 millones se distribuirán en función de peso de la recaudación en los años 2017, 2018 y 2019, con un ajuste de población; 800 millones se destinarán a financiar el déficit adicional que ha sufrido el transporte público autonómico motivado por las medidas adoptadas durante el estado de alarma.
La portavoz también ha resaltado que el Real Decreto-ley permite, de manera excepcional, que las comunidades autónomas con superávit en años anteriores pendiente de aplicar puedan destinarlo a cubrir necesidades de financiación provocadas por la pandemia.
Medidas de apoyo al sector industrial y su modernización
El Consejo de Ministros ha acordado destinar 173,5 millones de euros a medidas de apoyo al sector industrial para favorecer su transformación digital y nuevos modelos de negocio.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha destacado esta movilización de recursos públicos para respaldar proyectos que estén en consonancia con los objetivos de la política industrial del Gobierno: «La reindustrialización y la competitividad de las empresas, la digitalización de los procesos y el impulso tecnológico para mejorar la competitividad a través de la I+D+i».
Un primer paquete de medidas estará dotado con 75 millones de euros, de los que 50 irán destinados a proyectos industriales de I+D+i en el ámbito de la industria manufacturera y el resto, 25, serán préstamos al programa de apoyo financiero a la Industria Conectada 4.0. Un segundo bloque permitirá ofertar préstamos participativos, por valor de 98,5 millones de euros a, pymes, jóvenes emprendedores y empresas de base tecnológica.
Pool Moncloa/JM Cuadrado
Maroto ha concretado que, de la dotación de 50 millones para la industria manufacturera, 30 estarán reservados a los sectores de automoción, aeronáutico y aeroespacial. Los proyectos deberán versar sobre sostenibilidad, economía circular, ecoinnovación, descarbonización, eficiencia energética, materiales y productos avanzados, y calidad y seguridad industrial.
Respecto al programa para la Industria Conectada 4.0, su objetivo es apoyar que las empresas se beneficien de tecnologías como la robótica avanzada, la impresión 3D o el Big Data.
Los préstamos participativos se otorgarán a través de la Línea Empresas de Base Tecnológica (EBT), dotada con 20,5 millones de euros; la Línea Pyme, con 57,8 millones, y la Línea Jóvenes Emprendedores, de 20,5 millones, gestionadas por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), una sociedad pública dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La ministra ha detallado que la financiación para jóvenes emprendedores está destinada a menores de 40 años para apoyar «su creatividad y talento empresarial».
